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TREN MAYA ¿QUE SIGUE?

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Visión Intercultural
Francisco J. Rosado May
fjrmay@hotmail.com

Las expectativas de cambio en nuestro país se han renovado a partir de este primero de diciembre con la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador como Presidente de nuestro país. La ceremonia de entrega del Bastón de Mando y el mensaje de AMLO a la nación, después del protocolo oficial en el H. Congreso de la Unión y ya en calidad de Presidente en funciones, tienen un significado relevante; permiten asegurar que los pueblos indígenas estamos ante una oportunidad nunca antes visto en la historia de nuestro país.

Por un lado, está la creación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas que descansa en la premisa de que los indígenas somos sujetos de desarrollo, no objetos de desarrollo. Por otro lado, están las promesas de campaña que descansan en el dicho “nunca mas un México sin nosotros”. Adicionalmente están los acuerdos y convenios internacionales; un ejemplo es la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas por la ONU que se aprobó el 13 de septiembre de 2007, después de dos décadas de negociaciones, del cual México fue promotor y es adherente; otro ejemplo es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que se adoptó en la sexta reunión de la Conferencia General de la OIT el 27 de junio de 1989 en Ginebra, Suiza, ratificado en la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión el 11 de julio de 1990.

Los siguientes pasos para el proyecto del tren Maya se circunscriben en el contexto nacional e internacional antes descritos. En esta entrega me atrevo a presentar ideas y escenarios que, con una visión intercultural que articula el pensamiento indígena con el de otras culturas a nuestro alrededor, podrían conducir a atender inquietudes genuinas sobre el proyecto del tren Maya y ofrecer una oportunidad real de desarrollo de los Mayas como sujetos, no objetos. Las acciones que el equipo de AMLO lleve a cabo a partir del primero de diciembre serán en su calidad de gobierno, no hay que perder de vista esta situación que no existía antes de esa fecha.

El acercamiento de representantes del gobierno federal con las autoridades y líderes, formales y no formales, de las comunidades Mayas sería un muy buen primer paso. Si bien muchos indígenas participamos en el ejercicio de consulta del pasado 24 y 25 de noviembre y apoyamos los proyectos de AMLO, podría ser necesario explicar a las autoridades y líderes indígenas el proyecto del tren, no solo para dar información sino para aclarar que el resultado de la consulta no sustituye la consulta que debe hacerse a los pueblos indígenas, tal y como está establecido en el marco legal de nuestro país. En este acercamiento podría acordarse una fecha para llevar a cabo una ceremonia en la que se dé a conocer que los trabajos que conducirán a la consulta libre, previa, informada y culturalmente pertinentes, dirigido a los pueblos indígenas, darán inicio. La información sobre la factibilidad económica, el impacto ambiental y su remediación, así como la apertura a formas legales de participación de las comunidades tanto en la consulta como en proyectos asociados con el tren, deberán ser parte del proceso.

No es mala idea pensar que la consulta a los pueblos indígenas sea también un ejercicio de planeación participativa. Los beneficios que puede traer el tren no necesariamente se circunscriben solo a las áreas donde se establecerán las rieles o los sitios donde se ubicarán las terminales o a los usuarios directos, sino que se abren escenarios para la planeación integral del desarrollo con la participación de la población. En otras palabras, por ejemplo, una terminal del tren en Felipe Carrillo Puerto representa un punto de llegada de turistas interesados en conocer la cultura viva, la flora, fauna, bellezas naturales, comida, artesanía, etc., ubicados en comunidades aledañas. Asimismo, la vía férrea puede representar una posibilidad para transportar los productos que se generan en comunidades aledañas de esa terminal, para que sean vendidos en otros puntos del estado o del país.

Se ha hablado sobre involucrar a ejidatarios como accionistas del proyecto del tren, sobre inversión en las comunidades donde pase el tren, sobre la participación de las universidades en el entrenamiento del futuro personal que un proyecto de esta magnitud necesita, etc. Lo cierto es que el proyecto del tren Maya representa una excelente oportunidad de articular el desarrollo de toda la región, pero no debe perderse de vista que requiere una enorme inversión que no solamente debe recuperarse, sino que debe hacerse pensando en detonar un desarrollo y crecimiento económico sostenibles. Este escenario sí es posible con la planeación participativa la cual incluye, como premisa y como oportunidad, una consulta como marca el Convenio 169.

Considero que el tren Maya es una oportunidad y estoy preparado para participar y aportar, en la medida de mis capacidades, en el proceso de consulta. Esta oportunidad debe convertirse en realidad.

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*LA OSADA Y AVENTURADA TRAVESÍA HACIA LA CONSTRUCCIÓN DEMOCRÁTICA DEL PAÍS*

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DESPACITO Y BUENA LETRA
Russell CERÓN GRAJALES

La democracia no guarda tradición en México.

Las civilizaciones y pueblos originarios, constituyeron sociedades altamente jerarquizadas, verticales, autocráticas.

A tres siglos de dominación hispánica (1521-1821), sucedió un México independiente que, en sus intensos, contradictorios y desbordados afanes de autoconstrucción, experimentó un dramático trayecto marcado por la permanente inestabilidad política, producto de interminables y costosísimas luchas internas y externas.

Y sin estabilidad, no hay crecimiento ni desarrollo posibles.

Crecimiento y desarrollo económicos que advinieron, como resultado de la impuesta estabilidad política del monolítico régimen porfirista. Período iniciado en 1876 y que, agudizado en sus contradicciones, quebrantó a partir de 1910, con el estallido del movimiento social revolucionario.

Se interrumpe así, una inédita e importante fase de crecimiento económico.

Lo que prosiguió, fueron casi dos décadas de inestabilidad política y ruina económica, que no culminaron sino con el fin de la fase armada, 19 años después, y la instauración en 1929, de un largo régimen no democrático, de corte autoritario.

En efecto, restablecida la estabilidad política, transcurrieron 71 años de un régimen no auténticamente democrático (1929-2000), que alumbró una nueva etapa de alto crecimiento y desarrollo (1940-1970).

30 años, de 71 en total. Los restantes, y en tal contexto, se invirtieron en desiguales esmeros por librar funestas crisis, producto, en buena medida, de la irresponsabilidad, el despilfarro y la corrupción. Pero más gravosas, por la ausencia de muy deseables e institucionales mecanismos y filtros, propios de una democracia moderna y liberal.

Factores, no sólo internos, que, a partir del año 2000, habrían de inspirar una transición política.

Transición hacia una democracia liberal, que ahora se pone a prueba con la inauguración de un nuevo período de gobierno, que inicia operación sin verdaderos equilibrios legislativos, en el orden federal.

Los factores formales locales de poder, puestos a prueba. Y entre los poderes fácticos, la sociedad civil organizada.

Grande es el desafío para la joven democracia mexicana.

Mucho es lo que está en juego.

Avance o retracción democrática.

Democracia representativa o democracia directa.

Régimen presidencial o régimen parlamentario.

Democracia liberal o Socialdemocracia.

Modelo económico liberal, modelo proteccionista, o una Tercera Vía a la mexicana.

Las cuestiones son más, y no son pocas.

¡Todos en sus marcas!

¡Corre cámara!

¡Acción!

Ciudad de Mérida, diciembre de 2018.

russellceron@hotmail.com

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Contra el golpeteo mediático

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La Resaca 2.0

Normando Medina Castro
La Jornada Maya

Viernes de noviembre, 2018

ENRARECER TODO, CREAR desconcierto para conservar privilegios, en vísperas de un trascendental e histórico cambio de gobierno, parece la motivación de quienes fueron relegados por el voto popular masivo y siguen actuando, sin que les importe la estabilidad y el bienestar del país.

Defendieron con uñas y dientes el faraónico y malogrado nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en el Valle de Texcoco, donde ignoraron los riesgos ecológicos y de protección civil como los que presentó desde varios años atrás con estudios hidrológicos y geológicos en la mano, José Luis Luege Tamargo, ex director general de Conagua en el gobierno de su correligionario del PAN, Felipe Calderón Hinojosa.

Esa obra emblemática del gobierno del aún Presidente Enrique Peña Nieto, además de las enormes ganancias que representaba, para unos cuantos, la obra en sí misma, tenía detrás un jugoso negocio inmobiliario de algunos de los hombres más ricos de México. A pesar de lo indefendible del proyecto, y el enorme apoyo popular con que cuenta el ya inminente Presidente Andrés Manuel López Obrador, el golpeteo mediático y en redes fue desmesurado.

Ahora enfocan baterías hacia las obras y acciones del próximo gobierno federal, anunciadas y sometidas a consulta popular. El mismo golpeteo mediático y en redes sociales, pero sin sustento popular, porque si lo tuvieran hubieran acudido a manifestar su rechazo en la consulta. No es válida la excusa de que no es un instrumento confiable, ya que sólo se fortalecerá, como todos los instrumentos democráticos, precisamente con la participación ciudadana.

Finalmente, en la consulta del pasado sábado y domingo, se aprobaron los diez programas prioritarios propuestos para el gobierno de AMLO. La polémica, la discrepancia, el debate, siempre serán elementos importantes en una democracia, aunque los argumentos del viejo régimen y los alimentados por sus servidores se parecen más a los diálogos de la comedia teatral de Lope de Rueda Las Aceitunas en la que una familia, padre, madre e hija discuten y riñen por el destino de los frutos del árbol cuya semilla, recién había sido plantado.

DE 1990 A 1992 el entonces mandatario de México, Carlos Salinas de Gortari reprivatizó la banca mexicana con el argumento de que “es necesario y urgente democratizar el capital” de las instituciones financieras y, aseguró que ninguna de las sociedades nacionales de crédito se entregarían a grupos sin experiencia ni a casas de bolsa. Así vendió las 18 instituciones de la banca mexicana propiedad del Estado consolidando un oligopolio financiero en el país; además 13 quedaron en manos de casas de bolsa. La columna México S.A con el análisis de Carlos Fernández Vega sobre este tema crucial, puede leerse en La Jornada Maya de ayer.

La banca reprivatizada quedó en un 72 por ciento en cinco bancos trasnacionales y “por ninguna parte se ve la democratización del capital y menos la competencia que reduciría las comisiones y mejoraría el servicio a la clientela”, señala el especialista. En la actualidad operan en México 50 bancos autorizados de los cuales sólo cinco concentran 85 por ciento de utilidades netas.

EN ESTE CONTEXTO se explica el escándalo y la caída de la bolsa mexicana de valores cuando se anunció que el senado había ingresado una iniciativa de Ley para regular las comisiones bancarias de manera que se prohibieran cobros excesivos a los usuarios de los servicios bancarios. Sólo falta que se organice una marcha fifí para defender los intereses de los banqueros, en su mayoría extranjeros, que ganan mucho más en México que en sus países de origen.

LA COMISIÓN FEDERAL de Competencia Económica (COFESE), el organismo antimonopolios de México que, a juzgar por lo que ocurre con los bancos no parece que cumpla con eficiencia esta grave responsabilidad, envió al Senado de la República su opinión en el sentido de que “eliminar comisiones bancarias sin realizar antes un análisis técnico económico de cada una podría generar efectos contraproducentes, como mayor concentración en el mercado y el incremento de otros cobros por parte de los bancos.

NO PARECE RECOMENDABLE para Quintana Roo confrontarse con el muy próximo gobierno federal, porque a juzgar por las respuestas del coordinador parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, así se interpretó la carta dirigida a López Obrador por los gobernadores emanados del PAN, entre ellos el mandatario estatal quintanarroense Carlos Joaquín, rechazando la figura de los coordinadores de programas federales nombrados por el Presidente de todos los mexicanos a partir de este sábado próximo. “es un error estratégico confrontar al ejecutivo federal desde una entidad federativa o municipio sin importar el signo político que los respalde”, dice el senador Monreal en su página electrónica y abunda en las razones.

La reacción del Presidente de la comisión de defensa nacional en el senado, Félix Salgado Macedonio, fue aún más virulenta. Y es que en la carta de los gobernadores Panistas puntualizó en su segundo párrafo: “nos sorprende la intención de supeditar el mecanismo de coordinación a la figura de los llamados coordinadores estatales del gobierno federal, y colocar a los gobernadores y fiscales de los Estados como meros invitados. Ese desdén es inaceptable para nosotros, porque no sólo pone en riesgo estos objetivos, sino resulta inconcebible una solución de fondo al problema de la inseguridad y la violencia en el país, sin la concurrencia efectiva de los gobiernos estatales”.

Y como viejos aliados, el PRI y PAN, a través de sus dirigentes nacionales, Marko Cortés, operador del ex candidato presidencial panista Ricardo Anaya, y Claudia Ruiz Massieu, sobrina del muy conocido ex presidente Carlos Salinas de Gortari, echaron más leña al fuego y amenazaron con enviar un recurso de inconstitucionalidad a la Suprema Corte de Justicia. La respuesta de Andrés Manuel López Obrador fue contundente: “no seré rehén de nadie, no me dejaré chantajear…el amo que tengo es el pueblo de México y el mandato que me dio el pueblo es acabar con la corrupción y voy a cumplir”. La nota completa en la Jornada Maya del 24 de noviembre. En fin, son cosas que pasan en nuestro país y en nuestro caribeño estado.

¡HASTA LA PROXIMA!

profenor1960@hotmail.com

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Columnistas

MACRO CONSULTA NO SUSTITUYE CONSULTA A PUEBLOS INDÍGENAS

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Visión Intercultural
Francisco J. Rosado May
fjrmay@hotmail.com

No cabe duda, estamos en medio de una forma diferente de cómo hacer política pública: la de tomar el pulso a la sociedad para saber con certeza poselectoral si las promesas de campaña siguen siendo aceptadas. Este argumento resume la llamada macro consulta que se llevó a cabo el 24 y 25 de noviembre; las promesas de campaña de AMLO fueron confirmadas en el ánimo de la mayoría de los ciudadanos que participamos en la consulta.

Este es el contexto del debate que ha ocupado páginas recientes, impresas y electrónicas, sobre la importancia de no descuidar la consulta a los pueblos indígenas tal y como señalan acuerdos internacionales (e.g. 169 de la OIT), o nuestro propio marco legal (e.g. El documento de la CNDH, titulado “La consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada: Pueblos indígenas, derechos humanos y el papel de las empresas, publicado en 2016).

Para mi, y para los muchos que votamos a favor de los proyectos presentados por AMLO, tenemos claro varios elementos que guiaron nuestro voto:

1. La macro consulta es un instrumento de política pública que permite saber si las propuestas de campaña pueden ser consideradas como válidas todavía. No hay que olvidar que el contexto es diferente: hay mas claridad en el rumbo de la economía, ha habido nuevas leyes o reformas a leyes existentes, ha habido una consulta previa sobre el NAIM.
2. Hay fuerzas que representan intereses diversos a la política que propone AMLO y es necesario manifestar también con fuerza que la política de opacidad, o de negocios turbios, o decisiones que no fueron consultadas para guiar procesos, no forman parte de este nuevo gobierno que inicia el 1 de diciembre próximo.
3. AMLO aun no toma posesión como Presidente, LEGALMENTE NO PUEDE llevar a cabo la consulta a los pueblos indígenas sino hasta que asuma el cargo. Por lo tanto, será desde el cargo de presidente, gobierno en funciones, cuando se haga la consulta que marca la OIT, la CNDH y otras instancias nacionales e internacionales, apegadas a la normatividad que aplique. En el mismo tenor está la presentación de los otros estudios que se requieren: ambiental, financiero, etc.
4. Considero que el proyecto del tren Maya, en lo particular, estará influyendo positivamente en nuestro entorno económico, cultural, político y social. Y lo mismo opina la mayoría de la población del estado. No olvidemos que existe un tendido de líneas ferroviarias prácticamente desde Palenque hasta Valladolid, pasando por Campeche y Mérida, pero no en Q. Roo. No sería adecuado para nuestro desarrollo si Q. Roo no forma parte de la red ferroviaria.

Me parece que las varias notas haciendo un llamado a respetar leyes y acuerdos para el proyecto del tren Maya, forman parte de la percepción que se ha construido a lo largo de muchos sexenios. Esa percepción se basa en que el gobierno dice una cosa y hace otra o bien que el gobierno no respeta leyes ni acuerdos. No hay duda, esa la mala percepción se ha ganado a pulso.

En este sentido bienvenidos los llamados, pero también podemos construir otra forma de percibir la función gubernamental: la de participar como sociedad exigiendo el cumplimiento de leyes y acuerdos y al mismo tiempo entendiendo que la política pública del gobierno entrante pinta diferente. Por un lado, el proyecto del tren Maya fue presentado en campaña, es decir no hay sorpresa. Por otro lado, se busca ratificar, a través de una consulta, que las promesas de campaña y el triunfo electoral siguen siendo vigentes (esto es una herramienta política poderosa que seguramente pone a temblar a los que hacen política con opacidad). Adicionalmente ha habido declaraciones de futuros funcionario de alto nivel que los derechos, leyes, acuerdos, y lo que corresponda, no serán vulnerados (e.g. artículo de Josefa González en el Universal, publicado el 22 de noviembre).

Cambiar la inercia de una percepción no positiva hacia el gobierno no es fácil, estamos siendo testigos de ello. Pero el cambio no solo es necesario sino indispensable. Y la misma forma de pensar debe aplicarse no solo al proyecto del tren Maya sino a muchas otras áreas de gobierno y gestión pública. Afortunadamente somos la mayoría que desea, busca y construye ese cambio, y, además, estamos dispuestos a mantener el rumbo. No hay otra forma para que nuestro país y nuestras familias tengan la paz y prosperidad que nos han arrebatado por corrupción, opacidad, falta de rendición de cuentas, pésima educación, pésimos funcionarios, alta burocracia, etc.

Bienvenido el cambio.

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