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MACRO CONSULTA NO SUSTITUYE CONSULTA A PUEBLOS INDÍGENAS

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Visión Intercultural
Francisco J. Rosado May
fjrmay@hotmail.com

No cabe duda, estamos en medio de una forma diferente de cómo hacer política pública: la de tomar el pulso a la sociedad para saber con certeza poselectoral si las promesas de campaña siguen siendo aceptadas. Este argumento resume la llamada macro consulta que se llevó a cabo el 24 y 25 de noviembre; las promesas de campaña de AMLO fueron confirmadas en el ánimo de la mayoría de los ciudadanos que participamos en la consulta.

Este es el contexto del debate que ha ocupado páginas recientes, impresas y electrónicas, sobre la importancia de no descuidar la consulta a los pueblos indígenas tal y como señalan acuerdos internacionales (e.g. 169 de la OIT), o nuestro propio marco legal (e.g. El documento de la CNDH, titulado “La consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada: Pueblos indígenas, derechos humanos y el papel de las empresas, publicado en 2016).

Para mi, y para los muchos que votamos a favor de los proyectos presentados por AMLO, tenemos claro varios elementos que guiaron nuestro voto:

1. La macro consulta es un instrumento de política pública que permite saber si las propuestas de campaña pueden ser consideradas como válidas todavía. No hay que olvidar que el contexto es diferente: hay mas claridad en el rumbo de la economía, ha habido nuevas leyes o reformas a leyes existentes, ha habido una consulta previa sobre el NAIM.
2. Hay fuerzas que representan intereses diversos a la política que propone AMLO y es necesario manifestar también con fuerza que la política de opacidad, o de negocios turbios, o decisiones que no fueron consultadas para guiar procesos, no forman parte de este nuevo gobierno que inicia el 1 de diciembre próximo.
3. AMLO aun no toma posesión como Presidente, LEGALMENTE NO PUEDE llevar a cabo la consulta a los pueblos indígenas sino hasta que asuma el cargo. Por lo tanto, será desde el cargo de presidente, gobierno en funciones, cuando se haga la consulta que marca la OIT, la CNDH y otras instancias nacionales e internacionales, apegadas a la normatividad que aplique. En el mismo tenor está la presentación de los otros estudios que se requieren: ambiental, financiero, etc.
4. Considero que el proyecto del tren Maya, en lo particular, estará influyendo positivamente en nuestro entorno económico, cultural, político y social. Y lo mismo opina la mayoría de la población del estado. No olvidemos que existe un tendido de líneas ferroviarias prácticamente desde Palenque hasta Valladolid, pasando por Campeche y Mérida, pero no en Q. Roo. No sería adecuado para nuestro desarrollo si Q. Roo no forma parte de la red ferroviaria.

Me parece que las varias notas haciendo un llamado a respetar leyes y acuerdos para el proyecto del tren Maya, forman parte de la percepción que se ha construido a lo largo de muchos sexenios. Esa percepción se basa en que el gobierno dice una cosa y hace otra o bien que el gobierno no respeta leyes ni acuerdos. No hay duda, esa la mala percepción se ha ganado a pulso.

En este sentido bienvenidos los llamados, pero también podemos construir otra forma de percibir la función gubernamental: la de participar como sociedad exigiendo el cumplimiento de leyes y acuerdos y al mismo tiempo entendiendo que la política pública del gobierno entrante pinta diferente. Por un lado, el proyecto del tren Maya fue presentado en campaña, es decir no hay sorpresa. Por otro lado, se busca ratificar, a través de una consulta, que las promesas de campaña y el triunfo electoral siguen siendo vigentes (esto es una herramienta política poderosa que seguramente pone a temblar a los que hacen política con opacidad). Adicionalmente ha habido declaraciones de futuros funcionario de alto nivel que los derechos, leyes, acuerdos, y lo que corresponda, no serán vulnerados (e.g. artículo de Josefa González en el Universal, publicado el 22 de noviembre).

Cambiar la inercia de una percepción no positiva hacia el gobierno no es fácil, estamos siendo testigos de ello. Pero el cambio no solo es necesario sino indispensable. Y la misma forma de pensar debe aplicarse no solo al proyecto del tren Maya sino a muchas otras áreas de gobierno y gestión pública. Afortunadamente somos la mayoría que desea, busca y construye ese cambio, y, además, estamos dispuestos a mantener el rumbo. No hay otra forma para que nuestro país y nuestras familias tengan la paz y prosperidad que nos han arrebatado por corrupción, opacidad, falta de rendición de cuentas, pésima educación, pésimos funcionarios, alta burocracia, etc.

Bienvenido el cambio.

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*ARTIFICIOS Y ASECHANZAS IMPERIALES SOBRE CLIPPERTON* (Parte II)

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Russell CERÓN GRAJALES

El interés de Francia por Clipperton, surgió a mediados del siglo XIX, pues el atolón representaba un punto relativamente cercano a la ruta del entonces posible Canal de Panamá. Francia aducía que tanto mexicanos como estadounidenses empezaban a rondar la isla, fingiendo ignorar que México estaba ya en legítima posesión de ella.

En noviembre de 1858, el teniente de navío Víctor Le Coat de Kerwéguen, habilitado como comisario del gobierno francés, y enviado a la isla a bordo de un buque mercante, levantó un acta administrativa desde la cubierta del barco, donde se declaraba su toma de posesión, en nombre del emperador.

A partir de tan fugaz acontecimiento, y durante 40 años, Francia no volvió a manifestar interés alguno en la isla, al parecerle muchas las dificultades para arribar a ella: rodeada de filosos arrecifes, además de las fuertes resacas y golpes de mar que la baten continuamente y ponen en constante peligro de naufragio a las embarcaciones que se acercan. Abandonó, asimismo, una pretensión privada de explotación guanera.

En 1897, por informes publicados en la prensa estadounidense, se planteó el interés de Gran Bretaña sobre la propiedad de la isla, afirmándose que la isla pertenecía al territorio de EE UU.

Como consecuencia, en agosto de ese mismo año, el gobierno mexicano del General Porfirio Díaz, ordenó una visita de inspección a la isla, desembarcando, el 13 de diciembre, marinos del cañonero nacional “Demócrata”, que izaron el pabellón de nuestro país. La isla se hallaba habitada por tres empleados de la estadounidense Compañía Oceánica de Fosfato.

Motivado por esas mismas publicaciones, un buque francés se acercó sigilosamente en noviembre de 1897, tomó nota de las circunstancias, y se retiró cuando los tres empleados referidos izaron la bandera de EE UU.

El 13 de enero de 1898, el director de una compañía inglesa que había adquirido de aquella compañía estadounidense, los supuestos derechos de explotación del guano, acudió a la legación de México en Londres, y solicitó al gobierno mexicano le permitiese continuar explotando los yacimientos, a reserva de celebrar un contrato de concesión.

El 18 de abril de 1898, la Secretaría de Relaciones Exteriores concedió dicha autorización, mediante el pago de 75 centavos por tonelada exportada. El gobierno, por su parte, nombró en el siguiente mes de junio, un inspector de planta que vigilara su participación en la explotación, esforzándose por normalizar su presencia en la isla.

En 1905, el Congreso mexicano aprobó el contrato definitivo con la compañía inglesa, y nombró un Prefecto, con funciones de autoridad política, para organizar el gobierno y administración de la isla.

En agosto de 1906, el capitán Ramón Arnaud puso en operación un faro, disponiendo el gobierno nacional que las actas de nacimiento levantadas en Clipperton, como en el caso de los entonces territorios federales, fuesen concentradas en el Registro Público de la Ciudad de México.

Sin perder de vista que desde el 8 de enero de 1898, Francia había presentado una nota ante la cancillería mexicana, alegando tener derechos sobre Clipperton. Y simultáneamente, se había dirigido al Departamento de Estado de EE UU, explorando su posición en relación con la isla, respondiendo éste que su país no había otorgado concesión alguna a la compañía que explotaba los yacimientos, y que no pretendía ningún derecho de soberanía.

De este modo, quedaban encarados como partes, solamente México y Francia.

Ciudad de México, 21 de enero de 2019

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RESISTENCIA, RESILIENCIA Y RECONOCIMIENTO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROAMERICANOS EN MÉXICO

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Visión Intercultural
Francisco J. Rosado May
fjrmay@hotmail.com

El 4 de diciembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), concretando así un proceso de consulta nacional y plasmando una nueva visión gubernamental para atender los grandes retos que los pueblos indígenas y afromexicanos tienen desde el pasado, en el presente, y los que se perciben en el futuro cercano.

Algunos conceptos que guiaron el proceso de consulta y el documento de la Ley del INPI, se manifiestan claramente en el articulado de dicha Ley. Por ejemplo, el artículo 3 reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, teniendo como base la categoría jurídica expresada en el artículo 2º de nuestra Constitución y en los instrumentos internacionales en la materia. Este reconocimiento es un cambio cualitativo y cuantitativo relevante; expresa la visión para el futuro cercano de un grupo social que necesita espacios seguros para manifestar con plenitud su potencial. Los indígenas y afromexicanos considerados como sujetos de derecho público no estuvieron presentes ni en la Ley de la anterior CDI (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas) ni en el del anterior INI (instituto Nacional Indigenista).

En forma resumida, la visión pre-AMLO consideraba a los indígenas como objetos de derecho, no sujetos. El cambio implica, en la práctica, tomarlos en cuenta para decisiones relacionadas con su cultura, comunidad, entorno; implica que poseen derechos sustentados en su propio sistema de gobernanza; implica valorar y potencializar sus conocimientos, tradiciones, que se sumarían al esfuerzo nacional en condiciones de multiculturalidad sin perder su propia identidad. La visión de objeto de derecho, no sujeto, puede explicar, por ejemplo, porqué los programas de apoyo gubernamental para los indígenas siempre tenían los menores estándares de calidad, la menor inversión posible, la peor infraestructura y nunca se mejoró sustancialmente las condiciones de vida y oportunidades de futuro. Las condiciones aseguraban que el origen era destino para los indígenas y afromexicanos.

La Ley del INPI otorga los mecanismos, estructura y establece los principios que guiarán su funcionamiento. Hay una congruencia cuidadosa entre la visión que el nuevo gobierno federal tiene para con los pueblos indígenas y afromexicanos y el instrumento para que esa visión se lleve a cabo.

Llegar a este punto, en el que inicia una reconstrucción del tejido social y productivo de un enorme segmento de la población mexicana, que podría ser considerado el elefante en la sala, visible, pero a la vez no se le quiere mirar, se puede explicar en tres palabras: Resistencia, Resiliencia y Reconocimiento.

A pesar del esfuerzo consciente primero de “reducir o eliminar” la población indígena durante la conquista; de “mexicanizarlos” después de la independencia y revolución; y de “occidentalizarlos” durante la etapa capitalista y neoliberal, hubo una terca resistencia de los indígenas de preservar cuanto fuese posible su identidad, conocimientos, costumbres, tradiciones, lenguas y visión del mundo.

La resistencia estuvo acompañada de otro proceso, mas sofisticado, que en términos occidentales se conoce como “resiliencia”, es decir, la capacidad de no perder y, al mismo tiempo, de recuperar la esencia de la identidad, del conocimiento, de la lengua, de la cultura.

Las políticas públicas incompletas, o mal diseñadas, o conducidas por una visión de “occidentalización” de los pueblos indígenas, causaron estragos; incluso algunas comunidades y varias lenguas se extinguieron. Pero las políticas públicas dependen de las voluntades de los pueblos. Hoy, con un nuevo gobierno federal que escuchó la esencia de los planteamientos hechos por pensadores genuinos, líderes comprometidos con sus pueblos e identidad, ha iniciado el diseño de nuevos marcos normativos para crear los espacios de recuperación de cientos de años de saberes, tradiciones, resultados y experiencias de aprendizaje y contribuciones al mundo.

Hoy, varios actores del mundo occidental se han dado cuenta finalmente del valor importancia, relevancia del papel de los pueblos indígenas para el desarrollo sostenible de nuestro planeta. Apenas tenemos tiempo de re-conocernos, de re-valorarnos, de re-encontrarnos con nosotros mismos. Al hacerlo estaremos en condiciones de ser tratados y dar trato adecuado; de aprender y ofrecer conocimiento; de contribuir y recibir; todo ello y más en condiciones de equidad de relaciones interculturales.

En otras palabras, estamos dejando atrás la resistencia y con base en la resiliencia hemos ganado a pulso el reconocimiento que está facilitando en nuevo gobierno federal. Ojalá así se interprete en los estados, municipios y pueblos.

Aquí seguimos y seguimos fuertes. ¡Way Yano’one’!

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El alcance del voto popular

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La Resaca 2.0

Normando Medina Castro

Jueves 17 de enero, 2019

La autoridad moral ganada con hechos y fortalecida en el crisol de los ataques sistemáticos basados en la difamación, la calumnia, y la mentira, se hace inmune y mucho más fuerte ante las mismas gastadas estrategias alimentadas en el odio y las fobias de los poderosos y privilegiados que ven amenazados sus intereses que, son ajenos a los intereses mayoritarios de México.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador durante casi toda su trayectoria política ha tenido que enfrentar el escarnio, las descalificaciones, la difamación, la mentira y la calumnia de la mayoría de sus opositores. Lejos de acabarlo, lo fortalecieron. Así llegó a su tercer proceso electoral en busca de la presidencia de México con sus mismos opositores, los ricos y poderosos del país, con el mismo aparato capaz de engañar y manipular el voto popular.

Sin embargo, a la oferta de comunicación se sumaron las redes sociales, las mismas a las que López Obrador refiere como “las benditas redes”, y entonces su voz se difundió como nunca y la gente pudo sopesar versiones. El resultado una votación masiva, más de 30 millones de votos, a favor del proyecto de nación y la personalidad del político tabasqueño. Ni sumando todos los votos de los demás candidatos alcanzaban la cifra obtenida por el fundador del Movimiento Regeneración Nacional.

No se puede subestimar la inteligencia del pueblo. Los efectos de la manipulación mediática ya no son eficientes, y más, cuando los comunicadores sólo vierten amargura, odio, rencor, envidia y miedo a perder sus privilegios que ganaron a fuerza de servir al poder pervertido y a poderosos sin escrúpulos ni conciencia, hasta convertirse en lo mismo. Su poco aprecio a la verdad ha terminado por cobrarles a políticos opositores de AMLO y sus comunicadores, el alto precio de la falta de credibilidad.

Nuestra democracia y nuestro país no pueden aprobar los ataques sistemáticos contra quien es el presidente de todos los mexicanos. Así lo han reflejado todas las encuestas. López Obrador ganó la presidencia de México con el 53 por ciento de la votación emitida.

En la actualidad, con el NAIM cancelado, la lucha contra el robo de combustible y sus efectos colaterales, la Guardia Nacional, amnistía a presos políticos, súper delegados en los Estados, convertir la corrupción en delito grave, etc. Sus niveles de aprobación son de alrededor del 80 por ciento.

El Financiero en su estudio demoscópico dice que el 89 por ciento de los mexicanos aprueba y respalda al Presidente López Obrador en su lucha contra el robo de combustibles. Esa misma acción tiene el respaldo del 92 por ciento de los habitantes de la Ciudad de México, a pesar de los problemas de desabasto.

Uno de sus más acendrados críticos, Ciro Gómez Leyva, en su noticiario televisivo del día 12 de este mes, expresó que 9 de cada 10 mexicanos aprueban que el ejército participe en la cruzada contra el robo de combustible y 8 de cada 10 apoyan la medida adoptada de cerrar ductos para controlar las fugas en tomas paralelas y minimizar el huachicoleo, aunque implique algunos problemas de abasto. Carlos Loret, en su columna en el Universal, AMLO Imparable, pese a sus esfuerzos por sesgar la información termina por reconocer: “la gente le cree y le confía…el Presidente de México goza un capital moral”.

Con toda esa evidencia, seguir con la misma estrategia de ataques sin ton ni son contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador, definitivamente no abonan nada positivo para el país, ni para la causa de sus opositores. Solo hacen patente la pequeñez y la mezquindad de mexicanos que aplauden y se solazan por cualquier cosa que pudiera lastimar a nuestro país y a nuestro jefe del Ejecutivo federal. Apátridas y vendepatrias que ruegan porque los poderosos del mundo, el gobierno norteamericano, las financieras extranjeras, etc., hundan nuestra economía y a AMLO. Y algunos en sus slogans hablan de amor por México…

Junto con los sesudos analistas melancólicos del poder, la siembra de odio en las redes contra el Presidente López Obrador y expresiones de agresividad contra sus simpatizantes y seguidores que son aplastante mayoría, provienen del PRI, y del matrimonio Margarita Zavala-Felipe Calderón, sobre todo, tal como refleja una investigación de Ivonne Ojeda de la Torre publicada en el portal Sin Embargo el pasado 6 de enero: “La oposición más palpitante en la Red contra AMLO tiene corazón de dos válvulas: Calderón y Zavala”.

Ahora ya incluso se suman extranjeros de la ultra derecha que ofenden a México y a nuestro Presidente con mentiras catastrofistas de desabasto de alimentos que incluso, las cadenas extranjeras de autoservicio han salido a desmentir.

El PRI y el PAN no quisieron votar a favor de considerar como delitos graves el huachicoleo, la corrupción y los delitos electorales. El PRD y MC votaron en contra. Y así acudirán a procesos electorales a solicitar al apoyo ciudadano. Pena ajena.

Más pena ajena la que provocó la ex primera dama de Quintana Roo, Mariana Zorrilla, ex de Borge, quien se subió al caballo de los denostadores de la cruzada presidencial contra el robo de combustibles y manifestó por Twitter su enojo contra AMLO debido a que hizo una larga cola para cargar combustible en Querétaro, las respuestas adversas fueron muchas y de diferente tono.

La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) y su brazo ejecutor la dirección de recuperación de adeudos y ejecución fiscal (DRAEF), cuyo titular es Carlos Alejandro Ortuño Fresan, sin sensibilidad política ni social, privilegia la recaudación y arremete contra ciudadanos a los que CAPA proporciona el vital líquido, que dicho sea de paso es un derecho constitucional que no puede negarse ni condicionarse a raíz de las reformas constitucionales promovidas en el Senado de la República.

Ciudadanos que antE la crisis económica de Chetumal emigran en busca de trabajo a otros lares, cuando retornan se encuentra con el requerimiento voraz de la DRAEF que eleva el cobro del adeudo a niveles exorbitantes. La inconformidad ciudadana crece día con día.

Instancias como la DRAEF simplemente no tienen más sentido que el de dañar la economía y el patrimonio de los ciudadanos. En unos meses acudirán varios de los integrantes de la XV legislatura en busca de reelegirse, será buen momento para que rindan cuentas de esos abusos permitidos.

Lo mismo harán los restauranteros, cuyos horarios de venta de bebidas alcohólicas fueron reducidos por la Sefiplan del gobierno PAN-PRD y no para disminuir el consumo, sino más bien para obligarlos a pagar horas extras, cuya tarifa es mucho más elevada. En fin, son cosas que pasan en nuestro país y en nuestro caribeño estado.

¡Hasta la próxima!

profenor1960@hotmail.com

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