Registros telefónicos seguirán bajo resguardo de compañías durante dos años tras fallo de la Corte
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la vigencia de las disposiciones que obligan a las empresas de telecomunicaciones a resguardar información de sus usuarios hasta por 24 meses y colaborar con las autoridades en la localización de teléfonos móviles, bajo condiciones de control judicial.
Al resolver un amparo promovido contra estas medidas, el pleno validó por mayoría diversos apartados del artículo 183 de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicada en 2025. La persona que promovió el recurso argumentó que las obligaciones impuestas a las compañías podían vulnerar derechos relacionados con la privacidad, los datos personales y las libertades de expresión y asociación. La Corte rechazó su solicitud de protección.
El esquema aprobado contempla que las compañías mantengan información técnica de las comunicaciones, entre ella los números telefónicos involucrados, las fechas, los horarios y la duración de las llamadas, además de datos relacionados con la ubicación de los dispositivos. No se trata, de acuerdo con los argumentos expuestos durante la sesión, de almacenar el contenido de las conversaciones.
La conservación se organizará en dos periodos. Durante el primer año, los registros deberán permanecer en sistemas que permitan su consulta inmediata; en los 12 meses posteriores podrán mantenerse en almacenamiento electrónico. Con ello, la obligación de resguardo podrá extenderse hasta completar dos años.
El fallo también avaló que las empresas colaboren con las autoridades para obtener la ubicación aproximada de dispositivos móviles en tiempo real. La ministra ponente, María Estela Ríos González, distinguió esta herramienta del acceso a llamadas, mensajes o conversaciones privadas, cuyo contenido no queda abierto por el solo hecho de solicitar la geolocalización.
Para consultar los registros o requerir esta información, las autoridades deberán contar, como regla general, con autorización judicial previa. La normativa prevé excepciones para circunstancias urgentes, como aquellas en las que exista riesgo para la vida de una persona, en cuyo caso deberá realizarse un control judicial posterior.
La discusión no estuvo exenta de diferencias. Algunos ministros cuestionaron aspectos metodológicos del proyecto y plantearon la necesidad de precisar los alcances de los mecanismos de supervisión, incluidos los contemplados en el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
La decisión mantiene en vigor las obligaciones de almacenamiento y colaboración de las telefónicas, pero su aplicación queda vinculada a los procedimientos legales para solicitar y consultar la información. El alcance práctico de esos controles será determinante para la protección de los datos personales frente a los requerimientos de las autoridades.




