Las contrataciones de las autoridades electorales mexicanas durante los últimos 25 años serán sometidas a una revisión extraordinaria de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que abrió tres líneas de investigación para detectar posibles irregularidades en el uso de recursos públicos del extinto Instituto Federal Electoral (IFE), el actual Instituto Nacional Electoral (INE) y los organismos electorales estatales.
La revisión abarca el periodo de 2000 a 2025 e incluye tanto las adquisiciones históricas como los procedimientos de contratación y el ejercicio del gasto federalizado de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
Uno de los datos que motivó la atención sobre estas operaciones es el registro de transacciones por 8 mil 870.3 millones de pesos realizadas por dos grupos empresariales con distintas entidades públicas entre 2014 y 2026. De esa cantidad, 3 mil 790.3 millones de pesos correspondieron a organismos electorales locales y 430 millones al INE.
Para esclarecer el manejo de estos recursos, la ASF emprenderá investigaciones de oficio sobre posibles anomalías en las contrataciones públicas; elaborará un estudio histórico de las adquisiciones de los últimos 25 años, con especial atención a la concentración de proveedores y posibles esquemas de simulación, y realizará una auditoría integral al INE, además de revisar la totalidad del gasto federalizado ejercido por los institutos electorales locales.
Entre las prácticas que serán examinadas se encuentran posibles mecanismos para simular competencia en licitaciones, subcontrataciones entre compañías pertenecientes a los mismos grupos empresariales y operaciones con firmas presuntamente utilizadas para emitir facturas.
La investigación también pondrá bajo análisis la continuidad de los proveedores y los procedimientos mediante los cuales las autoridades electorales asignaron contratos a lo largo de distintas administraciones. El propósito es identificar si existieron patrones de concentración o mecanismos que pudieron comprometer la transparencia en el uso del presupuesto público.
Por su parte, Blanca Cruz, presidenta provisional del INE, respaldó la solicitud de una fiscalización emergente para revisar las adquisiciones y contrataciones del organismo.
La ASF aseguró que las investigaciones se desarrollarán con independencia, rigor técnico y apego a la legalidad. También precisó que los posibles mecanismos irregulares forman parte de líneas de investigación y que, por ahora, no constituyen responsabilidades definitivas.
Con este procedimiento, el órgano fiscalizador extenderá la revisión más allá de la estructura actual del INE para examinar también los antecedentes del IFE y las operaciones de los institutos electorales estatales. Los resultados permitirán determinar si existieron irregularidades en la contratación de bienes y servicios y, en su caso, establecer las responsabilidades correspondientes.
