Los partidos políticos en Hidalgo deberán cumplir nuevas reglas de postulación para garantizar la participación de personas indígenas y migrantes en las diputaciones locales, entre las que destaca la obligación de presentar candidaturas indígenas en seis de los 18 distritos electorales, así como la ampliación de las vías de participación para ciudadanos migrantes.
Carlos Emmanuel Durán Marmolejo, consejero del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), explicó que estos cambios buscan ampliar la representación de ambos sectores en los espacios de toma de decisiones y evitar que las candidaturas destinadas a pueblos y comunidades indígenas sean ocupadas por personas sin un vínculo real con ellos.
En el caso de la población migrante, detalló que anteriormente los partidos únicamente podían postular una fórmula por la vía de representación proporcional, mientras que ahora podrán hacerlo también mediante mayoría relativa, es decir, en la elección directa de diputaciones por distrito.
Respecto a los pueblos y comunidades indígenas, Durán Marmolejo señaló que existía un vacío legal en el código electoral, debido a que no se encontraban suficientemente definidos los criterios para determinar quiénes podían ser postulados mediante estas acciones afirmativas.
Por esta razón, el IEEH llevó a cabo foros regionales de diálogo con integrantes de pueblos y comunidades indígenas, con el propósito de conocer sus propuestas sobre los mecanismos de representación política y establecer reglas que respondieran a sus formas de organización.
Como resultado, se determinó que en los seis distritos considerados indígenas será obligatoria la postulación de personas pertenecientes a estos pueblos y comunidades.
Además, los partidos deberán cumplir con el principio de paridad de género, de manera que las candidaturas en estos distritos se distribuyan equitativamente entre mujeres y hombres.
Uno de los cambios más importantes se relaciona con la acreditación del vínculo comunitario de las personas postuladas. El consejero explicó que, de manera prioritaria, será la asamblea comunitaria la encargada de emitir la constancia que compruebe que una persona pertenece efectivamente al pueblo o comunidad indígena que pretende representar.
Sin embargo, ante las diferencias en las formas de organización de las comunidades, la normativa contempla mecanismos alternativos para aquellos lugares donde no exista una asamblea comunitaria.
En estos casos, la acreditación podrá ser expedida por autoridades comunitarias tradicionales, entre ellas representantes ejidales.
Asimismo, cuando sea necesario recurrir a otra alternativa, se permitirá que diez integrantes de la comunidad actúen como testigos para avalar la pertenencia de la persona postulada.
Durán Marmolejo enfatizó que estas disposiciones tienen como finalidad impedir posibles simulaciones en las candidaturas indígenas, mediante las cuales personas ajenas a las comunidades pudieran ocupar espacios de representación destinados a sus integrantes.
