El gobierno federal analiza una propuesta que podría aplicar un cobro equivalente al 2% sobre el valor de ciertos dispositivos electrónicos, entre ellos teléfonos celulares, computadoras, tabletas, pantallas y memorias USB. La medida, impulsada desde el ámbito de la Secretaría de Cultura, busca establecer una compensación para titulares de derechos de autor por la reproducción privada de sus obras.
La iniciativa forma parte de una posible reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor, pero aún no puede considerarse un impuesto vigente. Para que tenga efectos reales, tendría que avanzar en el proceso legislativo y publicarse formalmente su aprobación. Hasta ahora, no hay una fecha confirmada para su discusión ni para una eventual entrada en vigor.
Cómo funcionaría el cobro
De acuerdo con el planteamiento difundido, el pago recaería en quienes comercialicen o importen los productos en México. El cobro se haría una sola vez por unidad, en el primer acto de comercio o importación, y no directamente al consumidor en la redacción inicial. Sin embargo, especialistas advierten que el costo podría terminar reflejándose en el precio final de venta.
Los equipos que podrían quedar incluidos en la medida son dispositivos de uso masivo y almacenamiento digital, como teléfonos celulares, tabletas, computadoras, pantallas, memorias USB y otros aparatos electrónicos con capacidad de reproducir o guardar contenido protegido.
El argumento detrás de la propuesta
La justificación central es que estos dispositivos facilitan la copia privada de obras protegidas, por lo que sus compradores o comercializadores deberían aportar una compensación económica a los creadores. El proyecto también contempla mecanismos de supervisión con participación de la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional del Derecho de Autor y representantes de sectores industriales, con el objetivo de vigilar la administración de esos recursos.
En estimaciones difundidas en torno a la iniciativa, la recaudación potencial se ubicaría entre 4 mil y 6 mil millones de pesos. Aun así, esas cifras deben tomarse como proyecciones y no como ingresos garantizados, ya que dependen del alcance definitivo de la medida, de los productos incluidos y de su aplicación práctica.
Una discusión que vuelve a generar polémica
La propuesta reabre un debate que ya había surgido en 2021 con una idea similar, entonces criticada por el posible aumento en el costo de dispositivos tecnológicos y por las dudas sobre el destino de los recursos. En ese contexto apareció la expresión “moche digital”, utilizada de forma informal para describir un gravamen de este tipo.
Entre las voces críticas figura Alonso Tamez, identificado como secretario técnico de la Comisión de Inteligencia Artificial del Senado, quien ha planteado que antes de crear nuevas cargas económicas el gobierno debería revisar opciones para mejorar la recaudación y corregir ineficiencias en el gasto público.
El fondo del debate está en el equilibrio entre dos intereses: por un lado, la protección de los derechos de autor; por otro, el acceso de la población a herramientas tecnológicas usadas para trabajar, estudiar y entretenerse. Si la iniciativa avanza, uno de los puntos más sensibles será determinar si la compensación a los creadores justifica un posible encarecimiento de estos productos para los consumidores mexicanos.
Por ahora, no existe confirmación oficial de que celulares, computadoras o memorias USB ya tengan un cargo adicional del 2% por este concepto. La definición dependerá del texto final del proyecto y de su trámite en el Congreso de la Unión.
Conclusión
La propuesta abre una discusión sensible sobre derechos de autor, recaudación y acceso a la tecnología. Por ahora, el supuesto cobro del 2% no está en vigor y su futuro depende del proceso legislativo y de la redacción final de la reforma.
