Una reforma constitucional en México fijó un nuevo requisito para quienes busquen encabezar los principales cargos del Poder Ejecutivo: deberán contar únicamente con nacionalidad mexicana. La modificación alcanza a la Presidencia de la República, las gubernaturas estatales y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
El cambio fue incorporado en los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de establecer que las personas aspirantes a esos cargos no tengan otra nacionalidad al momento de registrar su candidatura. En los hechos, esto significa que quienes posean doble ciudadanía tendrán que renunciar a la extranjera antes de participar en el proceso correspondiente.
Qué cargos quedan bajo la nueva regla
La reforma se aplica a tres posiciones de alta responsabilidad política:
- Presidencia de la República, prevista en el artículo 82 constitucional.
- Gubernaturas de los estados, conforme al artículo 116.
- Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, establecida en el artículo 122.
Además del requisito para contender, el texto constitucional impone restricciones durante el desempeño del cargo. Las personas que resulten electas no podrán adquirir otra nacionalidad ni invocar una distinta a la mexicana ante autoridades extranjeras. Tampoco podrán usar pasaportes o documentos expedidos por otro país, ejercer derechos políticos asociados a otra ciudadanía ni recurrir a la protección diplomática de un Estado distinto.
Argumentos detrás de la modificación
De acuerdo con el planteamiento de la reforma, la intención es fortalecer la soberanía nacional y asegurar la lealtad de quienes ocupen los principales ejecutivos del país. También se busca evitar eventuales conflictos de interés derivados de la doble nacionalidad y cerrar la puerta a acciones que puedan involucrar el ejercicio de derechos políticos o protección consular de otro Estado mientras se ocupa un cargo público de máximo nivel.
La medida ha sido presentada como un mecanismo para reforzar la idea de exclusividad en la representación del Estado mexicano en los poderes ejecutivos federal y locales. Sin embargo, su aplicación no será inmediata para todos los casos.
Cuándo entra en vigor y a quiénes no aplica
El decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de octubre de 2026 y entró en vigor al día siguiente. Aun así, sus efectos en materia de nacionalidad única se comenzarán a aplicar hasta el proceso electoral de 2028.
El régimen transitorio también precisa que la reforma no afectará a las personas que ya ocupaban alguno de los cargos contemplados al momento de su entrada en vigor. Es decir, la nueva exigencia operará hacia adelante, no sobre quienes estaban en funciones cuando se aprobó el cambio constitucional.
Con esta modificación, México introduce un criterio de elegibilidad más estricto para tres de los puestos más importantes del país, en un debate que pone sobre la mesa la relación entre identidad nacional, soberanía y representación política.
Conclusión
La reforma constitucional fija un nuevo estándar de elegibilidad para algunos de los cargos más altos del país: exigir nacionalidad mexicana exclusiva. Su aplicación, sin embargo, quedará diferida hasta el proceso electoral de 2028, lo que abre un margen de transición para partidos, aspirantes y autoridades electorales.
