Por: Inés Arroyo
Una investigación financiera relacionada con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, ha seguido durante varios años la ruta de recursos vinculados con contratos celebrados entre autoridades penitenciarias y empresas privadas, con operaciones que superan los 403 millones de dólares.
De acuerdo con la información presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), entre 2008 y 2018 el entonces Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) celebró contratos con empresas vinculadas por un monto de 403 millones 937 mil 741 dólares.
La investigación plantea que parte de estas operaciones pudo estar relacionada con una presunta simulación de servicios y con la participación coordinada de funcionarios y particulares. Entre las empresas identificadas en el expediente se encuentra NUNVAV, INC., señalada dentro del entramado financiero bajo investigación.
El seguimiento institucional comenzó a tomar forma legal desde 2019, cuando la UIF presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. Dos años después, en septiembre de 2021, se promovió una demanda civil ante autoridades judiciales de Florida, Estados Unidos, como parte de las acciones para rastrear y recuperar recursos que presuntamente salieron del patrimonio público.
La investigación financiera requirió la participación de distintas instituciones mexicanas. La UIF trabajó en coordinación con la FGR, el Servicio de Administración Tributaria y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para identificar movimientos considerados atípicos y establecer la ruta de las operaciones.
El expediente avanzó en 2023 hacia una etapa de judicialización. En ese momento fueron giradas 61 órdenes de aprehensión y se reportaron 17 detenciones relevantes, además del inicio de audiencias y la formulación de imputaciones.
La estrategia legal continuó en los años siguientes. En noviembre de 2025 se presentó una nueva demanda civil en Florida, mientras México estableció mecanismos de asistencia jurídica internacional con Panamá, España, Estados Unidos y El Salvador para ampliar el intercambio de información y dar seguimiento a los recursos investigados.
Uno de los principales resultados reportados en 2026 ocurrió en Estados Unidos, con el cierre del proceso civil relacionado con los Weinberg ante un tribunal de Florida. El procedimiento derivó en una sentencia definitiva por aproximadamente 578.5 millones de dólares.
La diferencia entre el monto de los contratos identificados en México y el valor de la sentencia en Estados Unidos forma parte de un proceso jurídico y financiero más amplio, cuyo objetivo es determinar responsabilidades y recuperar recursos vinculados con las operaciones investigadas.
La UIF sostiene que el expediente es resultado de años de análisis financiero y cooperación entre autoridades de distintos países. El seguimiento continúa enfocado en identificar el destino de los recursos presuntamente desviados y avanzar en los procedimientos necesarios para su recuperación.
El caso mantiene así una doble ruta: por un lado, las investigaciones y procesos penales en México y, por otro, las acciones civiles emprendidas en Estados Unidos para perseguir los recursos y establecer responsabilidades patrimoniales.
