Visión Intercultural
Francisco J. Rosado May
fjrmay@hotmail.com
Medios digitales e impresos anunciaron la semana pasada que la Secretaría de Educación Pública llevaría a cabo una consulta a nivel nacional, dirigida a docentes, para diseñar reglas de uso de celulares en las clases.
Así México intenta formar parte de los países que en el mundo han tomado medidas sobre el uso de celulares en las escuelas. Por ejemplo, Francia prohíbe el uso de teléfonos inteligentes en formación básica desde 2018; China lo hizo en 2021 para evitar distracciones; Italia implementó recientemente restricciones estrictas; Suecia incluso ha implementado medidas para no usar herramientas digitales y priorizar los libros impresos; Brasil restringe desde 2025 esos dispositivos en las escuelas públicas y privadas excepto cuando son necesarios por motivos de salud o pedagógicos. Y así sucesivamente para más de 110 países en nuestro planeta. En Latinoamérica actualmente solo Brasil, Chile Colombia y Paraguay cuentan con leyes nacionales para el uso de celulares en las escuelas.
El tema de regulación del uso de celulares no es por los celulares directamente, sino porque a través de ellos los usuarios acceden a información que diversos medios, sociales, como Facebook, tik tok, Instagram, etc., y no sociales, como las diversas páginas de internet con contenido que no necesariamente apoyan la formación de los jóvenes. El problema parece estar más enfocado a niños y jóvenes en la etapa de formación básica (primaria, secundaria, bachillerato).
En esta discusión no puede dejar de mencionarse el acuerdo anunciado la semana pasada entre el conglomerado tecnológico conocido como Meta y casi todos los estados de Estados Unidos. Una coalición de fiscales generales, representando a sus respectivos estados, presentó una demanda en contra de Meta, el 24 de octubre de 2023, argumentando que Instagram y Facebook fueron diseñados con funciones adictivas para niños y adolescentes. El juicio formal inició el 18 de agosto de 2026 en un tribunal federal de Oakland, California. Días después, en el mismo mes, Meta acordó pagar cerca de 18 mil millones de dólares americanos para cerrar gran parte de las demandas y se comprometió a cambiar las funciones de sus plataformas.
Entre los argumentos principales expuestos en la demanda, de acuerdo con datos arrojados por IA, están: Diseño adictivo intencional; daño a la salud mental; omisión de advertencias internas; violación de privacidad infantil; engaño público.
El caso de Meta presentó la oportunidad para que expertos analicen el caso. Uno de los argumentos que seguramente fue tomado en cuenta en el juicio, y quizá por eso tuvo que hacerse un acuerdo para que el juicio no continúe, es el siguiente. ¿A quién corresponde la decisión de usar o no a las redes sociales? ¿Es la persona que lo usa o es el gobierno que lo debe regular? Esta pregunta está detrás de muchas políticas públicas que se inclinan por “obligar” a que la persona usuaria tenga la responsabilidad total de sus acciones. Por ejemplo, ante la enorme cantidad de llamadas de extorsión se ha tratado de establecer mecanismos de reporte y bloqueo de los números que hacen extorsiones, es decir, la responsabilidad recae en la persona no en el gobierno, aunque éste tiene los mecanismos para bloquear esas malas prácticas, no los individuos.
Con base en los cargos y análisis del proceso, es posible decir que el juicio contra Meta muestra que es el estado quien tiene la responsabilidad, que los usuarios son víctimas.
Es cuanto.
