Empresas distribuidoras de gas LP se manifestaron este jueves en ciudades clave del país, incluyendo Mérida y Cancún, como parte de una movilización nacional contra lo que consideran una tarifa de distribución injusta e insostenible, impuesta desde octubre por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Desde la entrada en vigor de esta tarifa, el sector gasero ha reportado miles de despidos, una grave reducción en inversiones para mantenimiento de equipos, y un creciente riesgo de desabasto y accidentes en instalaciones y unidades de reparto.
En la capital yucateca, la protesta tomó forma de caravana con vehículos de empresas como Delta Gas, Maya Gas, Tomza, Tergia Gas (antes Z Gas) y Abimerhi, que partieron desde el parque de Industrias No Contaminantes hasta el Remate de Paseo Montejo, en una movilización pacífica y vigilada por autoridades.
“Exigimos una tarifa técnica y socialmente sustentada. La actual es insostenible y afecta a toda la cadena de valor, desde el chofer hasta el consumidor”, expresaron representantes del gremio.
Según cifras oficiales del sector, más de 200 mil trabajadores en todo el país —entre choferes, despachadores, mecánicos y personal administrativo— se han visto afectados. Además, más de mil 100 plantas de distribución, 4 mil estaciones de servicio y 32 mil vehículos están en riesgo por la falta de recursos para su renovación o mantenimiento.
La situación también amenaza a los cerca de 100 millones de consumidores que dependen del gas LP para sus actividades diarias. Las empresas aseguran que de no modificarse la tarifa, el riesgo de desabasto y de accidentes aumentará, así como el crecimiento del mercado ilegal conocido como “huachigás”.
Aunque en Yucatán el impacto ha sido contenido gracias a gestiones estatales, el sector insiste en una respuesta urgente de la Subsecretaría de Energía y de la Comisión Nacional de Energía, con enfoque técnico y sensibilidad social.
El llamado es claro: una tarifa justa o el país enfrentará una crisis energética sin precedentes.
Con información: SIPSE
