CONTINÚA DETENIDO EL PROCESO LEGAL DEL EJIDO PINO SUÁREZ EN TULUM TRAS NO ADMITIRSE LOS AMPAROS

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*Ejidatarios de José María Pino Suárez, han buscado apoyo legal en las instituciones correspondientes, piden al presidente Andrés Manuel López Obrador, voltee a ver este caso de injusticia.

El caso del ejido José María Pino Suárez, en el Municipio de Tulum, Quintana Roo; no ha avanzado ya que los Magistrados no admiten a trámite los Amparos Directos promovidos por el Nuevo Centro de Población, ya que únicamente les dieron los expedientes provisionales 545/2021 y 564/2021, mediante acuerdo publicado el día 08 de noviembre del año en curso, un trámite que no lleva más de tres días hábiles y que han prolongado por más de 40 días.

Los magistrados Jorge Mercado Mejía, Leonel Jesús Hidalgo, Alfonso Gabriel García Lanz, Gerardo Dávila Gaona y Laura Granados Guerrero, han mantenido este tema en paro causando disgusto entre los habitantes del ejido José María Pino Suárez.

De acuerdo con el expediente que incluye las pruebas presentadas por ejidatarios del ejido José María Pino Suárez de Tulum, ya se encuentra en manos del ministro presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea en su carácter de presidente del Consejo de la Judicatura Federal, así como de los consejeros, Sergio Molina Martínez, Eva Verónica de Gyvés Zárate, Bernardo Bátiz Vázquez, Alejandro Sergio González Bernabé y Jorge Antonio Cruz Ramos y Loretta Ortiz Ahlf, desde el 26 de noviembre.

El expediente con las pruebas y fundamentos legales que acreditan el fraude que las empresas Land Managentent, S.A. de C.V. y Grupo Alfil Construcciones, S.A. de C.V., pretenden hacer en contra de su núcleo agrario, también se encuentra desde el día 02 de diciembre en las manos de cada uno de los 11 ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación por tratarse de los máximos impartidores de justicia de este país.

En días pasados también los ejidatarios llevaron este expediente a la oficina de Leticia Ramírez, directora de atención ciudadana de la presidencia de la república con el objetivo de que el presidente Andrés Manuel López Obrador los atienda en su petición de justicia.

Los firmantes señalaron que “no existe pretexto para solapar la conducta de los citados magistrados de los Tribunales Colegiados de Circuito Primero y Tercero con sede en Cancún, Q. Roo, por lo que los citados Consejeros deben de cumplir con la obligación que les impone el segundo párrafo del artículo 94, Constitucional el cual establece que la vigilancia y la disciplina del poder judicial de la federación estarán a cargo del Consejo de la Judicatura Federal a excepción de la Suprema Corte, por lo que ya es tiempo de que vayan haciendo uso de la fracción XI del artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación”.