En una acción sin precedentes, el gobierno mexicano demandó ante una corte civil de EEUU a compañías fabricantes de armas, individuos y distribuidores estadounidenses por daños, muertes, pérdidas al PIB, turismo y otros.

México quiere llevar a juicio a más de una decena de fabricantes y distribuidores de armamento. El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha presentado este miércoles 4 de agosto una demanda civil en contra de 11 empresas de producción y distribución de armas en Estados Unidos a quienes acusa de emprender “prácticas comerciales, negligentes e ilícitas, que facilitan el tráfico ilegal de armas a México”. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha confirmado que la acción legal ha sido presentada ante una corte federal en Boston (Massachusetts) con el objetivo de detener el flujo de armamento ilegal que llega al país desde Estados Unidos.

El Gobierno mexicano afirma que la venta ilegal de estos fabricantes y distribuidores está detrás de al menos 17.000 asesinatos en México y que del 70% al 90% de las armas decomisadas en su territorio vienen de Estados Unidos.

“No lo hacemos para meter presión a EEUU, sino para que no haya muertos en México”, dijo un funcionario mexicano cercano al caso.

“Las empresas demandadas son conscientes de que sus productos son traficados y utilizados en actividades ilícitas en contra de población civil y autoridades de México”, señala en un documento en el que explica la demanda preparada en los últimos dos años.

El Gobierno busca una indemnización por daños que será definida por el tribunal, pero que, según estimaciones de la Cancillería, podría alcanzar el 2% del PIB de México. La exigencia se basa no solo en la violencia letal por el flujo de armas ilegales, sino también por afectaciones económicas, como la sangría de recursos públicos para sostener la guerra contra los grupos criminales, así como pérdidas a industrias como el turismo.

Rechazan La Demanda Los Fabricantes De Armas.

La Asociación de la Industria del Comercio de Armas de Fuego, rechazó la demanda puesta por el Gobierno de México en una corte del Distrito de Massachusetts, Estados Unidos; en contra de 10 compañías de fábrica de armas, por ejercer prácticas negligentes y porque sus artículos se trafican de manera ilegal en nuestro país, con el fin de abastecer a los grupos del crimen organizado.

La NSSF mencionó que todas las armas de juego que se comercializan en Estados Unidos, se venden de acuerdo a las leyes federales y estatales en el país, de igual manera el tráfico transfronterizo de armas por mayoreo es totalmente falso.

De igual manera recordó en el comunicado que el Gobierno Federal de México recibe un apoyo considerable de los contribuyentes estadounidenses y finalmente señaló que el gobierno de Estados Unidos vende armas de fuego directamente al gobierno mexicanos pero los soldados mexicanos continúan desertando por lo que se llevan sus rifles de servicio fabricados en Estados Unidos.

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