La Secretaría de Gobernación, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Consejería Jurídica de Presidencia y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) colaborarán en el plan federal para prevenir y sancionar la violencia política, además de velar por la protección de los candidatos que participarán en las próximas elecciones de este año.

Esto fue anunciado por la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, quien también informó que de septiembre del 2020 a febrero del 2021 se han registrado 73 delitos políticos de los cuales 64 resultaron en homicidio.

“Estamos trabajando para frenar el incremento de estos delitos porque las organizaciones criminales buscan fortalecer su operación mediante la intimidación y el aumento de su influencia política”, añadió.

Expresó que más de la mitad de los delitos relacionados con violencia política, en relación a asesinatos y heridos, sucedieron en siete estados: Oaxaca, Guanajuato, Veracruz, Guerrero, Morelos, Baja California y Jalisco, pero el riesgo es mayor en Morelos, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Sinaloa y Jalisco.

Entre las acciones del plan federal de protección se determinó la implementación de mesas de trabajo entre la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), los partidos políticos, las Fiscalías estatales y las autoridades locales para establecer alertas que permitan detectar a futuros postulantes en riesgo.

Después se solicitará a gobernadores llevar a cabo el plan, con mayor atención a personas que ya hayan sido amenazadas para brindarles protección una vez que se haya determinado el nivel de peligro.

De igual forma incrementarán elementos de las Fuerzas de Seguridad en las entidades y municipios de alto riesgo; sobre todo se pondrá mayor atención a presidentes municipales, especialmente donde influye más el crimen organizado.

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