NORMANDO MEDINA CASTRO
Profesor y Periodista
Ex Director de SQCS
Ex Director del IEA

Si las leyes son incapaces para contener los abusos de los más fuertes y poderosos, tendrían que ser modificadas en aras a una pregonada igualdad en derechos y garantías que todos acepten, pero que los hombres y mujeres de poder ignoran muchas veces en los hechos.

Uno de los mayores reproches que reciben los gobiernos neoliberales es el de producir enormes desigualdades sociales acrecentando las brechas entre las personas, cuya igualdad se convierte en quimera, sacrificada en honor del dios dinero, con pocos que tienen demasiado y con muchos que carecen de lo indispensable para vivir como verdaderos seres humanos.

Si de algo podemos estar seguros todos los mexicanos es que las élites en México ya no son la prioridad del gobierno que preside Andrés Manuel López Obrador y, uno a uno, han venido perdiendo sus privilegios y la posibilidad de acrecentar sus capitales a costa del erario público y de no cumplir sus obligaciones fiscales y violar los derechos de los demás.

Ahora que el presidente López Obrador envió una iniciativa para regular el outsourcing las cúpulas empresariales expresaron oposición y enojo “por no haber sido consultados”. No entienden que ya no son dueños del país y que no tienen que pedirles permiso para modificar las leyes que les permiten utilizar la subcontratación para evadir el pago de alrededor de 20 mil millones de pesos de impuestos anuales y las prestaciones de ley de más de 4.5 millones de mujeres y hombres a los que no les pagan aguinaldo, reparto de utilidades, ni ningún otro derecho, además de que pueden despedirlos en cualquier momento sin pagarles liquidación, de hecho se les niega el derecho de acumular antigüedad y aspirar a una pensión.

Parece surrealista que las élites consideran que corregir la injusticia sea negativo para el país. Ya salieron en defensa de esas élites empresariales los agrupados de Sí por México de Claudio X. González, el CCE, la Coparmex, el Frena, PRI, PAN, PRD, MC y afines. Es inmoral aumentar ganancias a costa de violar los derechos de los demás, pero negarse a cambiar simplemente es clasismo absurdo.

En lo local

La descomposición social de Cancún disimulada e ignorada muchas veces, otras veces eclipsada por el espejismo del crecimiento sin desarrollo, con muchos empleos precarios en su gran mayoría, con cerca de la mitad de ellos bajo el esquema de subcontratación, sin derechos laborales ni seguridad jurídica, saltó a la vista en los escándalos recientes de violencia. Sin profundizar en las causas, en el actual gobierno estatal encabezado por el gobernador Carlos Joaquín bajo las siglas del PAN y el PRD, la violencia y la inseguridad aumentaron a niveles alarmantes. El cobarde asesinato y descuartizamiento de la joven Alexis detonó el justo hartazgo y el enojo de gente que se manifestó. 

La policía del mando único los reprimió con violencia excesiva detonando armas de fuego. La noticia se difundió en varios países. Alberto Capella, sostenido contra viento y marea por el gobernador, ahora no la libró y renunció a la secretaría de seguridad pública dejando a cargo a un incondicional suyo. La relación tersa entre el gobernador y la alcaldesa de Cancún, Mara Lezama se ulceró culpándose mutuamente. Ojalá y trasciendan más allá del affaire y pongan bases y mecanismos eficientes para frenar de manera tajante la inseguridad y violencia. En fin, son cosas que pasan en nuestro país y en nuestro caribeño Estado.

¡HASTA LA PRÓXIMA!

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