NORMANDO MEDINA CASTRO
Profesor y Periodista
Ex Director de SQCS
Ex Director del IEA

La fuerza del Estado para imponer la ley basado en la ley, es fundamental para vivir en condiciones adecuadas para el desarrollo de las potencialidades individuales y colectivas que harían un país más fuerte, próspero y justo.

Los gobiernos nacen de la necesidad de proteger el patrimonio y la vida de cada persona que, cede una parte de su libertad para vivir bajo las reglas, normas, leyes, que regulan la actuación de todos y evita que los más fuertes avasallen a los débiles. En algún momento de la historia se trastocó esa finalidad primordial del Estado que fue cediendo su fuerza al servicio de todos y se hizo sirviente de los más poderosos.

El Estado mexicano se debilitó, permitió la perversión de todas las instituciones, la anarquía de los poderosos y la construcción de un entramado de complicidades ilegales y una red de corrupción que eran blanqueadas por organismos que debían combatirlas. No es casual el fortalecimiento del crimen organizado.

Con la extradición del ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin y su enjuiciamiento en México se abre la posibilidad histórica de que el país recupere su fuerza y se pueda instaurar un auténtico Estado de derecho al servicio del bien común. Para eso, como dicen varios expertos como el asesor anticorrupción, Edgardo Buscaglia, académico de las universidades de Columbia (EU) y Turín (Italia), es necesario juzgar a Lozoya por delitos de crimen organizado y abrir un maxi proceso con imputaciones a decenas de políticos y empresarios involucrados, para posibilitar el resarcimiento de daños, y una verdadera reconciliación nacional. Eso sumado al juicio por narcotráfico en Nueva York de Genaro García Luna, hombre fuerte de la Seguridad Pública en los gobiernos de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, abre la oportunidad, para que el gobierno tenga la fuerza para cumplir con su encomienda legal de imponer el imperio de la ley y acabe con la inseguridad y la violencia. Antes enfrentará las resistencias de los aliados del viejo régimen en algunos organismos autónomos, medios de comunicación, la Fiscalía General de la República, el poder judicial y el legislativo.

En Quintana Roo, dos personajes fueron importantes para desplazar del poder a los ex gobernadores Félix González y Roberto Borge. Ambos personajes son también ex gobernadores, uno de Puebla, panista desaparecido, Rafael Moreno Valle, y el otro de Morelos, Graco Ramírez, perredista con la amenaza de ser enjuiciado por su sucesor Cuauhtémoc Blanco. Ambos han cobrado con creces su aportación.

Los centros y casas de salud del sur de Quintana Roo carecen de medicamentos y apoyos. Urge una revisión profunda de mecanismos de recepción de insumos y medicamentos para evitar la desaparición de los mismos. Falta liderazgo en el sector salud para enfrentar la pandemia de COVID-19 en la entidad.

La delegación del ISSSTE está también sin liderazgo, con Sonia Elías Coral de encargada y en la subdelegación médica, Martín Perales, ambos del equipo de Cora Amalia Castilla que dejó el puesto de delegada para contender con el PRI por una diputación federal, donde fue derrotada por el efecto López Obrador. ¿Quién sostiene a los operadores de la ex alcaldesa priísta como directivos del ISSSTE? Se llevará una sorpresa. En fin, son cosas que pasan en nuestro país y en nuestro caribeño estado.

¡Hasta la próxima!

profenor1960@hotmail.com

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