El tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) trajo consigo no sólo un nuevo acuerdo comercial, sino también modificaciones a las leyes de nuestro país. En medio de la pandemia de Covid-19, el T-MEC llevó a la aprobación apresurada de una serie de reformas que representan una seria amenaza al derecho a la libertad de expresión y que cambiarán la forma en la que se consume contenido y también la relación que tienen los usuarios con la tecnología.

¿En qué consiste la iniciativa? Entre otras cosas, la Ley Federal de Derechos de Autor (LFDA) y el Código Penal Federal contempla multas millonarias y años de cárcel para quienes reproduzcan o retransmitan contenido, modifiquen software o reparen hardware sin autorización.

Así, las reformas aprobadas implicarían que acciones aparentemente inocuas como usar fragmentos de una obra para hacer un meme, retransmitir contenido de televisión en medios digitales, modificar el sistema operativo de tu computadora o hasta reparar tus propias consolas de videojuegos; podrían implicar delitos por los que podrías terminar en prisión.

Para incorporarse al T-MEC, México debe adecuar su legislación al capítulo de Propiedad Intelectual del tratado. El acuerdo contempla que las naciones que se suscriben tienen hasta tres años para ajustar las leyes nacionales. Aun así, a menos de un día de que el tratado entrara en vigor, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados aprobaron las reformas. Esto a pesar de que distintas organizaciones han señalado que son violatorias de los artículos 6 y 7 constitucionales.

Las medidas de protección existen en casi todos los productos tecnológicos que consumimos y sirven, básicamente, para que los usuarios no puedan copiar ni modificar su contenido: aquellas que te impiden ver el código de un videojuego, hacer una copia de un DVD e instalar o desinstalar ciertas aplicaciones de un dispositivo, por ejemplo. Aunque hayas pagado por esos productos, estos no son realmente “tuyos”.

Las reformas fueron aprobadas este 1 de julio por la Cámara de Diputados, el mismo día en que el T-MEC entró en vigor. Las organizaciones civiles ya anunciaron que acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que son los últimos organismos que podrían ordenar la suspensión de la entrada en vigor de esas normas y promover acciones de inconstitucionalidad.

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