Por Ignacio Alonso Velasco

El municipio ya no se contenta con desempeñar su papel tradicional, autárquico, desvinculado de su contexto, de realizador y prestador de obra y servicios públicos, ya que así no puede funcionar en la compleja realidad actual. A la corporación municipal ya hay que concebirla como parte de un proceso general de planeación, por medio de estrategias de desarrollo local que requieren de planificación del territorio, la cual suele exceder el ámbito municipal e involucra a las demás instancias de gobierno.

Una de las políticas territoriales definidas por la globalización y la lugarización (entiéndase por tal los procesos que revalorizan lo local) es la municipalización, es decir, el reconocimiento a los lugares de autonomía política para atender asuntos propios.

Lo que está haciendo posible que se vigorice la idea de la gobernanza a nivel local es el fracaso de muchas de las políticas públicas y los instrumentos de gestión existentes. Es saludable que aumente la participación de los municipios en la preservación del medio ambiente o en asuntos de ecología, la cual ha sido hasta ahora insuficiente en México, a pesar de los buenos deseos de su Constitución Federal. Los municipios ya no deben actuar de forma aislada, sino formular sus planes de desarrollo y sus programas encuadrándolos en ámbitos geográficos más amplios, como el de la región, que a su vez se ubica dentro del contexto nacional. Desarrollo municipal, regional y nacional son complementarios y parte de un mismo proceso.

Dado el carácter sectorial del ejercicio de gobierno, muchos de sus programas en lugar de bajar de manera integrada e invertirse en procesos efectivos de desarrollo para las comunidades, por medio de integralidad de políticas y transversalidad de acciones, lo que se hace es “aterrizar” en el territorio de manera caótica (por falta de complementariedad, coordinación y sinergia), se atomizan los recursos que se otorgan y se incentivan, en ciertos casos, prácticas contrarias a los objetivos de políticas o programas.

En México, las dependencias federales y, a veces, las estatales carecen de la presencia territorial necesaria para enraizar sus esfuerzos. Deben convencerse de que, con estructuras burocratizadas y centralistas, lentas y costosas, nada pueden hacer ante la demanda de soluciones rápidas y localizadas. Necesitan descentralizarse e introducir criterios de administración más agiles y creativos. Es imposible desarrollar capacidades y fortalecer el tejido social sin procesos de acompañamiento muy cercanos, constantes y profesionales, que tomen en cuenta la demanda real y sentida de la población.

Otro problema es que los gobiernos municipales mexicanos, por lo general, no cuentan con recursos, ni capacidades humanas y técnicas para cumplir cabalmente con su quehacer, además de estar atrapados en redes de intereses económicos y lógicas partidistas que les amarran las manos. Están rebasados y/o paralizados.

A esto hay que añadir las casi inexistentes capacidades organizativas y de gestión de los gremios de productores a nivel local para la deliberación colaborativa y la construcción de acuerdos. Contrario a lo que supone la mayoría, las asambleas ejidales o comunitarias no son espacios de diálogo colaborativo y deliberación conjunta; sí lo son de decisión, pero pocas veces para el bien colectivo. Actúan con base a reglamentos obsoletos o inoperantes, prácticas caciquiles y métodos ineficaces.

De esta forma, se erige un nuevo paradigma de gobernanza a nivel local que puede fungir como alternativa para que los actores que intervienen en un territorio, gubernamentales o no, puedan acordar de manera colectiva y colaborativa los términos de los usos del suelo y el acceso a los servicios y recursos que provee ese territorio; establecer la reciprocidad necesaria que se deriva del mantenimiento de los servicios de los ecosistemas, como el agua, la producción de alimentos y otros bienes; además de definir la asunción equitativa de los costos derivados de las diversas externalidades existentes.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), la erradicación del hambre y la pobreza y el uso sostenible del medio ambiente dependen de la manera en que las personas, las comunidades y otros grupos consiguen acceder a la tierra y a los bosques. Los medios de vida de las poblaciones rurales pobres se basan en un acceso seguro y equitativo a estos recursos y en su control. Son la fuente de alimento y refugio, la base de las prácticas sociales, culturales y religiosas, y un factor central en el crecimiento económico.

A este nuevo paradigma le es inherente el enfoque territorial y la adecuación de las políticas públicas a tales acuerdos, en un marco efectivo de integralidad y transversalidad de acciones. Los niveles de gobierno federal y estatal ajustan sus programas y presupuestos a esos acuerdos. Para que se produzca la participación efectiva de todos los actores involucrados es necesario, además de dichos acuerdos, contar con información común, reglas e incentivos, económicos y de otro tipo. Es indispensable que haya transparencia en los flujos de conocimientos y a la hora de compartir la información.

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