El 29 de noviembre del 2020, dos días después de la toma del Congreso de Quintana Roo, la Red Feminista Quintanarroense levantó la “Antimonumenta” como un homenaje a las víctimas de feminicidio en el estado.

La estatua de fibra de vidrio instalada sobre una base de cemento estaba conformada por una cruz violeta con la leyenda “ni una más”, así como un circulo con un puño verde dentro y la frase “nuestros derechos no son negociables.

De igual forma, contaba con una placa que tenía tallada los nombres de las mujeres víctimas de feminicidio; la “Antimonumenta” fue levantada con la cooperación monetaria de familiares que perdieron a sus hijas, madres y hermanas, así como de las colectivas feministas.

Era la tercera de este tipo erigida en México y este jueves la parte superior fue derribada aparentemente por alguien que ató cadenas a ella y con su camioneta hizo que cayera.

También arrojaron pintura blanca sobre ella y los nombres de las víctimas, esto fue calificado por las feministas como “un acto de odio” contra las manifestantes.

“Con mucho dolor y rabia el día de hoy encontramos nuestra Antimonumenta destruida. No sólo es una escultura, es un símbolo de ausencia, de ausencia de ley y de ausencia de ellas, las que nos faltan”, expresaron.

La noticia impulsó la convocatoria de una manifestación pacífica frente a la estructura a donde arribaron vestidas de negro, con flores y veladoras en mano para honrar a quienes ya no están.

Al ritmo de música y tambores entonaron su himno para luego colocar flores y encender veladoras alrededor de la cruz que aún quedó postrada a las afueras del recinto legislativo en Chetumal; posteriormente mencionaron que pegarían fichas de las personas desaparecidas en la entidad y posters con consignas.

Después las colectivas dibujaron más consignas en las paredes del Congreso del Estado, donde habían plasmado sus murales en meses previos que fueron borrados. Esto explotó el rechazo de personas que se encontraban en el lugar y los grupos conservadores del estado que lo calificaron como vandalismo.

Con frases como “Por qué tanto odio a las feministas y no al feminicida” y “Los murales se restauran, mis hermanas no vuelven” concluyeron su manifestación a las afueras del recinto en donde no intervino el personal del Seguridad como parte de una orden emitida por el Presidente de la Junta de Gobierno Coordinación Política (JUGOCOPO), el Diputado Gustavo Miranda.

Luego de que al menos tres diputados abandonaran el recinto legislativo en Quintana Roo durante la reunión de comisiones para discutir el tema sobre la interrupción del embarazo, la Red Feminista Quintanarroense continuó su protesta con la toma del Congreso de Quintana Roo.

Los legisladores aplazaron el dictamen sobre la interrupción legal del embarazo, antes y entre las ocho semanas; lo que hizo que las colectivas siguieran manifestándose en las instalaciones del recinto, prohibiendo el paso a los diputados y trabajadores del lugar a los que únicamente les han permitido entrar para recoger documentos y equipo.

La Red Feminista advirtió que sólo volverán a abrir las puertas si se presenta la interlocución de una instancia federal, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Yunitzilim Rodríguez Peraza, profesora en Derecho e integrante de la Red Feminista, dio a conocer que el argumento por el que se postergó la discusión del dictamen es que supuestamente se necesita cambiar la Constitución Política de Quintana Roo en el artículo que refiere a que el Estado debe garantizar la Protección de la vida humana desde la concepción, aunque la profesora asegura que no es necesario ya que  la Carta Magna incluye la posibilidad de que las leyes secundarias establezcan excepciones.

Planteó que los opositores esperan que al incluir la reforma constitucional sea necesario la aprobación de las dos terceras partes de los diputados además de la ratificación de la mayoría de los ayuntamientos, con la idea de que más de la mitad de los municipios rechacen la propuesta, evadiendo así el trabajo legislativo.

Por su parte, la coordinadora del Frente Nacional por la Familia, Reyna Marrufo Balam, secundó la decisión de Carlos Hernández Blanco, Reyna Durán Ovando, Eduardo Martínez Arcila y Kira Ira San, diputados que abandonaron la reunión de comisiones.

Hasta el momento no se ha emitido una nueva postura sobre las acciones de la Red Feminista Quintanarroense, pero se espera que designen al Museo de la Cultura Maya como sede alterna para legislar.

Las comisiones del Congreso de Quintana Roo dictaminaron el pasado miércoles 17 de febrero la reforma que tipifica como delito el acoso sexual callejero en contra tanto de mujeres como de hombre. Hasta ahora, este tipo de conductas están tipificadas como faltas administrativas, con multas de apenas 200 pesos.

De acuerdo con el Observatorio de Violencia Social y Género de Quintana Roo, 14 de cada 100 mujeres asegura haber sufrido algún tipo de agresión de carácter sexual en la calle.

“De esta manera se encuentra todo listo para su aprobación en el Pleno. Con este cambio, las agresiones sexuales en contra de las personas, que sucedan en la vía pública, podrán ser sancionadas de dos a 4 años de cárcel al ser consideradas como un delito”, comentó la diputada Atenea Gómez Ricalde, promotora del tema.

Con esto buscan sanciones de acorde con la gravedad del tema, el cual actuaría sobre personas que se masturben en la vía publica, gente que se realice tocamientos de sus partes íntimas aprovechando el ajetreo en la vida pública, hasta quienes persigan por varias cuadras haciendo propuestas indecorosas.

Cabe destacar que la tipificación del acoso sexual callejero como delito, es uno de los puntos que fueron incluidos en el pliego petitorio que proporcionó la Red Feminista Quintanarroense al momento de tomar el Congreso local el pasado 28 de noviembre.

Expertos y académicos que también participaron en la elaboración de esta iniciativa, han advertido que muchos de estos acosadores eran presuntos violadores en potencia, y que hasta ahora no se realiza ningún tipo de seguimiento a estos casos, ya que esta situación no era considerada un problema grave, y muy pocas veces los Ayuntamientos se encargaban de llevar un registro de las personas multadas por cometer dichos actos.

Aunque las mujeres han sido más vulnerables ante este tipo de acoso, los infantes también se han visto afectados, un claro ejemplo de ello es el municipio de Benito Juárez en donde al mes se reciben aproximadamente 8 denuncias de menores de edad los cuales han sufrido de acoso callejero. El número se triplicaba antes de la pandemia, ya que los agresores solían atacar a los niños justo cuando salían de sus escuelas, por lo que eran comunes las noticias de agresores que se masturbaban cerca de las escuelas, en ocasiones estacionados en sus vehículos, escondidos en lotes baldíos o en plena calle.

Hasta el momento, se han presentado cinco iniciativas sobre este tema, que incluye cambios al Código Penal y la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida libre de Violencia estatal.

A través de un histórico acuerdo firmado por las diputadas y diputados integrantes de la XVI Legislatura junto a las colectivas que conforman la Red Feminista Quintanarroense, se realizó la entrega de las instalaciones del congreso del Estado las cuales permanecían tomadas desde el 27 de noviembre del 2020.

El acuerdo firmado atenderá las iniciativas en relación a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, a través de un nuevo calendario que se acordará por el pleno el próximo 15 de febrero del 2021, en donde se establece que se deberá cumplir con todos los procesos relacionados a este fin (foros, sesiones de comisiones, dictaminación y votación en pleno), en el periodo del 16 al 24 de febrero del presente año.

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, el diputado Erick Gustavo Miranda García, precisó que la XVI Legislatura llevará a cabo el ejercicio de parlamento abierto para escuchar todas las opiniones, tanto a favor como en contra, en torno a las iniciativas para los derechos sexuales y reproductivos de la mujer.

De igual manera, Miranda García hizo un reconocimiento al diputado Carlos Hernández Blanco, por ser una pieza fundamental para llevar a cabo el acuerdo con las colectivas de la Red Feminista Quintanarroense.

Una vez sea emitido el dictamen, la Red Feminista Quintanarroense efectuará la desocupación de las instalaciones del Congreso, para restablecer los servicios administrativos y legislativos al interior de la Sede del Poder Judicial.

Respecto a las nueve acciones legislativas consideradas por la Red, se propone establecer un calendario, el cual abarcará el año 2021, garantizando las condiciones de seguridad, justicia, igualdad, y paz para las mujeres y niñas en el Estado.

Entre las acciones se encuentra la creación del tipo penal de feminicidio infantil y transfeminicidio en el Código Penal del Estado, la discusión y análisis de la eliminación del pin parental en la Ley de Educación del Estado e incluir la educación integral de la sexualidad; protección a la información personal, imagen y dignidad de las mujeres víctimas de cualquier delito por razón de género.

Además se atenderá la creación del padrón de agresores sexuales en el Estado; la participación de la Red Feminista Quintanarroense y de otras organizaciones de la sociedad civil en las comisiones creadas en el Congreso del Estado para emitir normatividad en materia de atención de la violencia contra las mujeres; el análisis, estudio y discusión para la erradicación del Acoso Callejero en la Entidad; análisis de la perspectiva de género y su aplicación en la Ley de Movilidad del Estado; análisis para incluir como información obligatoria para acceder a un cargo del servicio público, el no haber sido denunciado por delitos sexuales o violencia de género contra las mujeres o contar con denuncias por incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar o estar registrado en el padrón de deudores alimentarios.

Por último, se atenderá la iniciativa para la reformación de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo a fin de regular la portación de armas no letales para su defensa, como una acción afirmativa relacionada con la Declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.