Un crédito de hasta 820 mdp ha sido aprobado por la Comisión de Hacienda de la XVI Legislatura de Quintana Roo, dicho recurso será destinado a las obras públicas en el Estado, pero deberá ser respaldada por el pleno trayendo consigo diversos candados para su uso.

Entre las limitaciones añadidas por la XVI Legislatura, se propone que las obras publicas a las cuales será destinado dicho recurso deberán cumplir con ciertos lineamientos como ser de beneficio y alto impacto social, no ser utilizadas como bandera electoral y rendir informes constantes al Poder Legislativo de los avances y costos que estas representen.

Dentro del dictamen aprobado por unanimidad, se señala que, tras la aprobación del pleno y su publicación en el Periódico Oficial del Estado, el Ejecutivo, Carlos Joaquín González, contará con un plazo de 90 días para realizar las licitaciones de las obras públicas que presentó en su petición.

Cabe mencionar que, de las 102 obras que el gobernador presentó en su petición, habrá una reducción de ellas por el tema de los costos elevados, por lo que con esto se garantizaría que los 820 MDP serían aprovechados en su totalidad, ya que toda acción iniciada sería terminada con los recursos presupuestados.

El Gobernador, deberá considerar que las obras propuestas en la entidad sean equitativas para cada municipio, pues no deberán favorecer a uno solo, buscando que con esto se evite un mayor impacto en una zona comparada con otra.

Por último, uno de los puntos importantes a destacar es que dicha contratación, de uno o más créditos por hasta 20 años, no deberá sobrepasar el 25% de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) para evitar afectaciones a las finanzas públicas, por lo que se deberán rendir cuentas a la legislatura en turno sobre los avances y los gastos generados.

Después de tres largos años de debate y tras recibir la orden del Poder Legislativo, el martes 12 de enero del presente año se dio a conocer el reglamento emitido por el Gobierno Federal que cuenta con las recomendaciones del organismo regulador sanitario COFEPRIS y de la Secretaría de Salud para la regulación del avance médico y científico de la Marihuana medicinal en México.

Con dicho reglamento se buscan cubrir 4 puntos esenciales que cubren la regulación, el control, el fomento y la vigilancia sanitaria del cannabis como materia prima, sus derivados farmacológicos y los medicamentos a base de la Marihuana.

Punto 1. Producción primaria para abastecer la fabricación de insumos para la realización de diagnósticos, preventivos, terapéuticos, de rehabilitación y cuidados paliativos, así como generar materia prima para investigación y producción de semilla.

Punto 2. Investigación para la salud y farmacológica.

Punto 3. Fabricación de derivados farmacológicos y medicamentos.

Punto 4. Médicos para la realización de diagnósticos, preventivos, terapéuticos, de rehabilitación y cuidados paliativos.

La salida del reglamento había sido retrasada luego de que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) pidiera presupuesto adicional para ejecutar las labores que le impone el nuevo ordenamiento, por ello las negociaciones con la Secretaría de Hacienda llevaron varias semanas.

El documento publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se integra de 80 artículos y 4 transitorios que se divide en 6 títulos: disposiciones generales, laboratorios de control de calidad, de los fines del cannabis, de la importación, de la exportación, de los establecimientos para la atención médica que suministren medicamentos de cannabis y de la publicidad y comercialización.

El director jurídico de la asociación Procanna, Iñigo Labarri, comentó en entrevista que lo importante de este reglamento es que ya finalmente se está resguardando las actividades de siembra, cultivo y cosecha para el uso terapéutico de las sustancias derivadas de la planta.

Procanna es una organización que se dedica a ayudar a campesinos de zonas serranas del país con capacitación, infraestructura y asesoría legal para generar cultivos sustentables y detonar riqueza en zonas abandonadas.

Las actividades contempladas en los artículos 234 y 235 de la Ley General de Salud, que hablan de la siembra, cultivo, cosecha, transformación, comercialización, transporte, Investigación y Desarrollo, son actividades ya reguladas por el Reglamento de Insumos de la Salud (RIS), así como el aspecto de control sanitario de productos y servicios; también el que ve todo en materia de publicidad y en materia de investigación.

En esta nueva regulación se introdujeron conceptos como calificación de semilla, permisos de siembra, de igual manera, cuestiones de asesorías como lo relativo a terceros autorizados, laboratorios de prueba, cuestiones de publicidad y otros puntos importantes para el impulso y ordenamiento del uso terapéutico de los derivados de la mariguana.

Algo importante a destacar es que en este reglamento no se hace clara distinción entre un cannabis psicotrópico y uno no psicotrópico (lo cual se define en función de si tiene más o menos de 1% de TetraHidroCannabidiol THC), pues para la Cofepris no hay diferencia dado que se está hablando de productos medicinales. En este caso quedan fuera los suplementos alimenticios y otros productos derivados de cannabis que no tienen nada que ver con el aprovechamiento terapéutico de la planta.

El retraso por años en la salida del reglamento llevó a amparos diversos y ello, a su vez, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a imponer la orden al Ejecutivo para que emitiera dicho reglamento a fin de armonizar la normatividad para que la medicina en México pueda aprovechar el uso terapéutico de los derivados de la mariguana y su correspondiente investigación y desarrollo de productos terapéuticos.