La Banca Privada d’ Andorra (BPA), la cual mantuvo una red comercial en México hasta marzo del 2015, contó entre la fila de sus inversores, mediante el manto protector del secreto bancario, a personajes del crimen organizado y priistas como el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo; los exdiputados Óscar Lara Arechiga y Francisco Arroyo Vieyra; el abogado del expresidente Enrique Peña Nieto, Juan Ramón Collado; y la senadora Sylvana Beltrones, hija del expresidente de la formación tricolor Manlio Fabio Beltrones.

Tras la intervención realizada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a la banca por actuar presuntamente como una lavadora de fondos de grupos criminales como Odebrecht, el gigante brasileño de la construcción que perpetró sobornos multimillonarios en América, los hermanos Ramón e Higini Cierco, propietarios y principales directivos de BPA, están siendo investigados por la Justicia andorrana en varias causas por su conexión con una lista de delitos como el blanqueo.

Transcurría el año de 2006 cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México autorizó la apertura de BPA en el país, un año después, en 2007 más de 70 familias y 10 empresas engrosaban la cartera inicial de clientes de esta institución, la cual albergaba las cuentas de varios altos funcionarios, dirigentes universitarios, candidatos, empresarios y abogados cercanos al poder.

De igual manera, Giovanni Zenteno, quien fungía como coordinador del gubernamental Instituto Mexicano del Seguro Social, abrió una cuenta en el extranjero. Para esa misma fecha la institución comienza a captar a Personas Políticamente Expuestas (PEP), una etiqueta que en la jerga financiera identifica a cargos públicos o exdirigentes susceptibles de recibir fondos manchados por corrupción.

En 2007 el chófer de la filial envió un informe a Andorra revelando que sus jefes, Manuel Urdangaray y José Miguel Díaz, blanqueaban cuatro millones de dólares mensuales de la droga, trabajando en la sombra para un cliente venezolano, Gabriel Ignacio Gil Yáñez, exasesor del Gobierno de Hugo Chávez (1999-2013); Cobrando una comisión del 1,5% por actuar de lavadora de fondos. Tras ello la dirección reporta el caso a las autoridades andorranas y mexicanas las cuales redujeron lo sucedido a un mero incidente de blanqueo.

Para 2010 la institución financiera capta en México a 122 clientes sumando 192 mil 6 millones de volumen de negocio. Un documento interno revela que el ingeniero Bernardo Quintana Kawage, ex director General de ICA Construcción Urbana, depositó en 2011 un total de 9 millones de dólares.

En 2012, son ya 174 los mexicanos que mueven en la entidad 243 millones, según datos internos. El 27 de febrero de ese mismo año la Banca Privada d’ Andorra inició los trámites para poner fin a su presencia en México.

En mayo del mismo año la exdiputada federal del PRI y fundadora y presidenta de la compañía minera Santa Lucía S. A. de C. V., Luz del Carmen López Rivera, informó al banco que quería colocar medio millón de dólares en la BPA bajo el blindaje de su sociedad Harrigay Entreprises SA, según un informe de la Policía de Andorra.

En 2013 BPA cierra su embajada en México, pero mantiene su presencia en el país y en agosto del 2014 cuatro empresas mexicanas comunicaron su intención de recurrir a los laberínticos tinglados de la BPA para ingresar en tres cuentas numeradas en 70 millones de dólares. Dinero procedente de un pleito ganado a la Hacienda Mexicana que arrancó en 1990 cuentan las compañías al banco.

La Fiscalía del país europeo investigó a Giovanni Zenteno en 2017 por su conexión con una firma relacionada con el exgobernador de Veracruz Javier Duarte, que fue condenado en 2018 a nueve años de prisión por desviar recursos públicos a través de una telaraña de empresas fantasma.

Durante el mandato del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), la antigua Procuraduría General de la República (PGR) buscó un atajo para salvar el patrimonio millonario de alguno de los clientes mexicanos atrapados en las redes de la juez Canòlich Mingorance y del fiscal Alfons Alberca.

Juan Ramón Collado, abogado de Peña Nieto, que movió 120 millones de dólares (107 millones de euros) en 23 cuentas entre 2006 y 2015 fue detenido en México por delitos similares. Desde el 2020 el ministerio público andorrano ha mantenido abiertas varias decenas de investigaciones sobre fortunas mexicanas en la BPA.

Fuente: El País