El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mencionó mediante la mañanera de este miércoles 28 de abril que los organismos autónomos no tienen razón de ser y son como un “monstruo”, esto surge después de que el Inai acordó presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la nación una acción de inconstitucionalidad contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía móvil.

El titular del Ejecutivo Federal señaló que organismos como el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica han sido creados durante el periodo neoliberal, sin embargo, no cumplen con la función de defender al pueblo, sino que únicamente se preocupa por defender a los grupos de intereses.

“Vamos a hacer una revisión, toda una reforma administrativa, ya lo anuncié y vamos a trabajar en eso, para ajustar los órganos administrativos, los organismos del gobierno, del Estado a la nueva realidad, a las nuevas circunstancias porque esos órganos o todo este monstruo, este ogro filantrópico que se creó, ogro sin la filantropía, que crearon no tiene que ver con lo nuestro, es distinto, además nosotros hablamos de que íbamos a llevar a cabo una transformación, no engañamos”, expresó el presidente.

AMLO señaló que continuará con la cuarta transformación para tener un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo, para pobres y ricos, para todos y no uno que beneficie sólo a una minoría.

La Resaca 2.0
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NORMANDO MEDINA CASTRO Profesor y Periodista Ex Director de SQCS Ex Director del IEA.

Más que una acción legal, las resoluciones del Instituto Nacional Electoral (INE) y su confirmación por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en torno a la distribución de las representaciones plurinominales legislativas y la cancelación de candidaturas a Morena, por inéditas debido a su falta de actuaciones semejantes en los gobiernos neoliberales, parecen un acto de provocación, tal como las calificó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

A todas luces, la actuación del INE y el TEPJF ha sido y es adversa a AMLO y a Morena, el organismo político que llevó al poder por voluntad del aplastante voto mayoritario de los mexicanos al mandatario. Simplemente es impensable que INE y TEPJF se opusieran, no digamos a la voluntad popular, sino a los deseos de cualquiera de los presidentes de México priistas y panistas que contaron siempre con la mayoría requerida para imponer sus visiones e intereses modificando la Constitución y demás leyes a la conveniencia de las cúpulas.

Cuando López Obrador dio a conocer en su mañanera del 9 de junio de 2020 el documento interno de sus enemigos de la derecha conservadora Rescatemos a México, agrupados en el Bloque Opositor Amplio, varios de los mencionados se rasgaron las vestiduras, pero prácticamente todos los puntos del escrito se han venido desarrollado de manera puntual. Fue ampliamente difundido por lo que es fácil encontrarlo y consultarlo.

Además de las permanentes campañas mediáticas en contra de AMLO, el recurrente cabildeo con los Estados Unidos, el sabotaje contra las acciones del gobierno mexicano y un largo etcétera de ataques que terminan siendo contra nuestro país, el documento del BOA menciona el papel importante que juega para sus intereses la actuación de los consejeros del INE. Los hechos le han dado la razón.

A toda costa, el INE y el TEPJF pretenden impedir que el presidente López Obrador y su partido Morena obtengan mayoría en el Congreso de la Unión. No pueden ignorar que, en el Capítulo I, Artículo 39 de la Constitución, se establece el principio fundamental de nuestra sociedad como país: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”. Las cartas ya fueron echadas. La cancelación de candidaturas por no reportar gastos de precampaña inferiores a 20 mil pesos, es totalmente desproporcionada y sin precedente de esos mismos consejeros que además pretenden conformar la legislatura bajo el cobijo de una pluralidad que nada tiene que ver con la democracia, porque querer imponer los intereses de las élites opulentas por encima de la voluntad del pueblo, no es democrático.

En lo local

La jetatura, más que el liderazgo, del Partido Verde Ecologista de México, ha quedado evidenciada, compartida por Jorge Emilio González y su socio el ex gobernador Félix González Canto, quien ha intervenido en el escándalo en el que están envueltos el novel diputado, Gustavo Miranda García, y su madre, Erika García, por un entramado que involucra instancias de gobierno para operar millonarios despojos inmobiliarios en el norte turístico de Quintana Roo. ¿Intervendrá también en la disputa de Mara Lezama y Maribel Villegas? En fin, son cosas que pasan en nuestro país y en nuestro caribeño estado.

¡HASTA LA PRÓXIMA!

Tras el financiamiento de las campañas políticas para las elecciones del próximo 6 de junio y la persecución de una banda que se dedica a la clonación de tarjetas al sureste del país, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha comenzado la cacería en contra de quien registre ingresos no comprobados mediante sus cuentas bancarias.

En el 2019 la Unidad de Inteligencia Financiera y el Instituto Nacional Electoral firmaron un convenio de colaboración para mejorar la fiscalización en el proceso electoral, el cual les permitirá reforzar el intercambio de información entre las dos instituciones para alertar sobre los movimientos financieros de aquellos candidatos que cuenten con algún tipo de investigación en su contra.

De igual manera, derivado del intercambio de información llevado a cabo entre las instituciones que integran al Gabinete de Seguridad, el Centro Nacional de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y la UIF, se logró identificar mediante la llamada “Operación Caribe”, a una organización criminal integrada principalmente por sujetos de nacionalidad rumana y mexicana que tienen como centro de operaciones la ciudad de Cancún en Quintana Roo.

Tan solo en la semana pasada la UIF congeló varias cuentas bancarias en Quintana Roo que quedaron sujetas a una investigación por parte de la Secretaría de Hacienda en la que los implicados deberán comprobar que la procedencia del dinero en sus cuentas y operaciones bancarias es lícita.

 

En la lista oficial de cuentas congeladas por la UIF con fecha 4 de febrero de 2021 se encuentran los nombres de personas como el ex secretario de Seguridad Pública de Cancún, José Luis Jonathan Yong Mendoza y su padre, José Luis Yong Cruz; Leticia Rodríguez Lara “Doña Lety”, ex integrante de la Policía Judicial Federal y ex líder del cártel de Cancún; El ex director del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo (IPAE), Francisco Garibay Osorio y su hijo, Iván Eliud Garibay Pulido; Ricardo Antonio Vega Serrador, dueño de “La Gas”, tiendas “Go Mart” automotriz “Land Rover” y varios desarrollos inmobiliarios en Cancún; El diputado del Partido Verde, José de la Peña Ruiz Chávez; El notario Naín Díaz Medina y el dueño del periódico Quequi, José Alberto Gómez Álvarez.

En el caso de Ricardo Vega Serrador no es la primera que sus cuentas son bloqueadas por el SAT, ya que ha sido investigado anteriormente por “lavado de dinero” en México y Estados Unidos, razón por la cual le fue cancelada la concesión de la agencia Ferrari en Cancún.

En la lista de empresas intervenidas y cuyas cuentas fueron embargadas por el SAT a solicitud de la UIF aparece la Inmobiliaria Crisantemos S.A. de C.V. donde existe un nexo entre Ricardo Antonio Vega Serrador y Francisco Garibay Osorio, ya que esta empresa fue creada por el “Zar de las Gasolineras” el 23 de junio de 2003 y vendida el 4 de junio de 2010 a Garibay Osorio y a su hijo Iván Eliud Garibay Pulido.

La investigación señala a varios funcionarios, quienes no habían sido tocados durante muchos años, pero que por instrucciones del gabinete de seguridad nacional y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se procedió a congelar sus cuentas e iniciar la investigación.

El documento enlista a 20 empresarios, funcionarios y empresas a las que se les embargaron sus cuentas de acuerdo con el requerimiento 110/F/B/978/2021 de la Unidad de Inteligencia Financiera y folio SIARA UIF/2021/000097 mediante el cual se notifica a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y al SAT congelar dichas cuentas.

Las empresas y personas cuyas cuentas fueron bloqueadas, cuentan con un plazo de 10 días a partir de la notificación para apelar ante la Unidad de Inteligencia Financiera la licitud de sus ingresos.

En el caso de las próximas votaciones a celebrarse el 6 de junio, la autoridad electoral vigilará el origen y destino de los recursos públicos que se utilizarán en las campañas, pero también los montos de aquellas aportaciones permitidas por la normatividad. Para este proceso electoral, el Instituto Nacional Electoral deberá vigilar alrededor de 30 mil campañas simultáneas en todo el país, lo que implicará un complejo proceso de fiscalización.

La colaboración con la UIF permitirá identificar financiamiento ilícito, destino indebido en el manejo de los recursos públicos que utilizan los partidos políticos, aportaciones de dudosa procedencia o incluso uso de empresas fachada, factureras o simulación de operaciones durante las campañas.

En tanto a la investigación sobre el grupo delictivo que se dedicaba a clonar tarjetas de crédito y débito en destinos turísticos, la UIF bloqueó las cuentas bancarias de Florian Tudor alias “El Tiburón”, líder de la Banda de la Riviera Maya, así como de 78 personas físicas y morales más relacionadas con dicho grupo delictivo dedicado a clonar tarjetas bancarias de turistas, moviendo más de 240 millones de dólares a nivel global.

La organización criminal, que actualmente se ha expandido a otras zonas turísticas, como la Riviera Nayarita, los Cabos y Puerto Vallarta, opera mediante la alteración de cajeros automáticos instalados en hoteles turísticos a los que les instalan dispositivos que logran sustraer los datos de las tarjetas bancarias que son ingresadas, así como el número de identificación personal (NIP) , para posteriormente realizar retiros de esas cuentas, los cuales eran ingresados al sistema financiera mediante la operación de empresas fachada constituidas por los miembros de la organización.

Dicha información ya había salido a la luz ocho meses atrás, después de que sus operaciones fueran reveladas mediante una investigación periodística.

El Gobierno de México ha señalado que entre sus principales ejes de acción se encuentran la detección y el desmantelamiento de organizaciones criminales que utilicen al sistema financiero mexicano para blanquear recursos provenientes de actividades ilícitas. Estas acciones buscan combatir a las organizaciones criminales que operan en el país, a fin de mermar su capacidad económica y limitar su margen de operación dentro del sistema financiero.

Con información de: La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Milenio, Proceso, Pedro Canché y La Jornada.