El Instituto Nacional Electoral dio a conocer que no tiene dinero para la organización de la consulta ciudadana para juzgar a los “actores políticos del pasado” programada para agosto, o la consulta de revocación de mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador que está prevista para marzo del 2022.

Esto fue informado durante la sesión del Consejo General del INE donde fue aprobado un acuerdo sobre disciplina presupuestal para las próximas elecciones, de acuerdo al recorte de 850 millones de pesos que fue aprobado en el 2020 por la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados.

La consejera Norma de la Cruz propuso generar metas de ahorro para el año en curso, pero los demás consejeros consideran que esto era inviable ya que está próxima la organización de la jornada del 6 de junio como establece la ley.

El INE presentó el proyecto de medidas de racionalidad y disciplina presupuestada que deben publicarse en el Diario Oficial de la Federación ya que son parte de las obligaciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación; ahí dejan en claro que el recorte los imposibilita para cumplir las metas establecidas.

Por su parte, el consejero presidente, Lorenzo Córdova, resaltó que el INE está imposibilitado para establecer metas de ahorro sobre todo con el proceso electoral más grande de la historia de México, sumado a las complicaciones de la pandemia y el compromiso de realizar una consulta popular.

Recalcó que el instituto interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación los requerimientos para establecer reglas justas en la distribución del presupuesto, ya que afirman que no hay razón para que se haya realizado el ya mencionado recorte, en especial con las elecciones más grandes a la vuelta de la esquina.

DESPACITO Y BUENA LETRA (COLUMNA EDITORIAL)

russellceron@hotmail.com

DR. RUSSELL CERÓN-GRAJALES
DOCTOR EN DERECHO Y PROFESOR-INVESTIGADOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO. CANDIDATO A DOCTOR EN ECONOMÍA POR LA UNAM.

Con voluntad vinculante, y afán de incidir en el debate, y en la toma de decisiones públicas, fue instituida en nuestro país la figura de consulta popular.

Mecanismo de participación ciudadana, en torno de muy delimitadas temáticas de trascendencia nacional.

Por su naturaleza, y nivel de requisitos de procedencia, se le quiso sustraer de un uso político, como medio de propaganda al servicio e interés del poder en turno.

Por principio, la procuración e impartición de justicia es obligación inmanente, sistémica y sistemática del Estado.

Y no está, ni puede estar sujeta a consulta popular.

No es materia.

Pero la Corte, en caso tan reciente, ha recurrido a un galimatías para resolver positivamente sobre su procedencia. Y después del yerro, otro más con el devaneo respecto de la reformulación, en forma y fondo, del cuestionamiento inicial a consultar. Hilvanando sobre lo descosido en una propuesta sin sustancia a todas luces.

Una Corte Máxima es, por genética republicana, garante rigurosa de constitucionalidad.

Luego, cómo poder desnaturalizarse a sí misma, faltando a la letra y espíritu

de una Carta, también Máxima, y a la que, indisoluble, se debe.

Cuerpo y alma de un todo, hoy, en perfecta disonancia.

Surrealismo puro.

No puede alegarse, en nombre de la justicia, cálculo  de conciliación entre Derecho y Política, pues no es lo mismo que dilema entre norma jurídica y principio de justicia para el débil.

Trátase, sólo, de visiones y posturas del aparato ejecutivo del Estado, con todo el poder exorbitante e irresistible que le es inherente.

La supeditación de un poder a otro, es renuncia. Pérdida de jerarquía.

Pérdida de la brújula que debe orientar, respaldar e inspirar a la estructura tribunalicia de la pirámide. Como aparato, y como poder de equilibrio. Un mal precedente.

Consulta popular o populismo constitucional.

Una mala puesta en escena.