De acuerdo con una investigación publicada por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el Poder Legislativo de Quintana Roo es el más caro de México, ubicando a la entidad con el mayor presupuesto per cápita destinado al Congreso estatal y a la Auditoria Superior de Fiscalización local (ASEQROO).

El estudio, el cual lleva como nombre “Informe Legislativo 2021”, indica que el presupuesto nominal del Poder Legislativo es de 691 millones de pesos, resultado de la suma de los 486 millones asignados al Congreso y los 205 millones aprobados para la Auditoria Superior.

Sostener solo al Congreso le cuesta a cada quintanarroense 261 pesos, cuando el promedio nacional viene siendo de 132 pesos; y financiar al Poder Legislativo, cuesta a cada habitante 372 pesos, la cifra más alta en todo el país. El segundo lugar lo ocupa el Poder Legislativo de Sonora, cuyo presupuesto nominal es de mil millones de pesos, costando 339 pesos por habitante, por lo que mantenerlo asciende a 260 pesos per cápita.

El tercer sitio lo ocupa el Poder Legislativo de Nayarit, con un presupuesto es de 374 millones de pesos y, sostenerlo, le cuesta a cada habitante 303 pesos, por lo que sostener su Congreso tiene un costo de 254 pesos por habitante.

El IMCO explica que existen factores que pueden explicar parcialmente las asimetrías presupuestales, como la población, el ingreso promedio de la entidad o la extensión geográfica. Ejemplo de ello son las entidades como el Estado de México, el cual cuenta con una población mayor a la de Quintana Roo, teniendo el Poder Legislativo un presupuesto nominal de mil millones 262 mil pesos, uno de los más altos del país, el cual apenas es de 74 pesos por habitante.

El informe Legislativo subraya que los Congresos estatales no solo sirven para redactar o desechar leyes, pues entre sus facultades también se encuentra el aprobar y modificar los presupuestos estatales, auditar el destino de los recursos humanos y llamar a rendir cuentas a quienes excedan los límites presupuestales.

No obstante, lo que no está dentro de sus atribuciones es lo que se conoce como el reparto de las “ayudas sociales”. Pues en ese tema, el Congreso de Quintana Roo gastó, en 2020 uno de cada 5 pesos, sin que se tenga facultades para ello.

Ha trascendido que después de un largo proceso de selección, la XVI Legislatura del congreso del Estado de Quintana Roo determinó que José Gabriel Polanco Bueno cumple con lo establecido en el Artículo 195 de la “Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo” para ocupar el cargo como titular del Órgano Interno de Control del Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO).

El pasado miércoles 17 de marzo el Congreso del Estado definió a los tres finalistas de los más de 20 aspirantes a ocupar la titularidad del Órgano Interno de Control IEQROO. La terna estaba conformada por Sandra Beatriz Sepúlveda Zamudio, Bernardo Roberto Jiménez Duarte y José Gabriel Polanco Bueno, siendo este último quien estará al frente del cargo durante los próximos cuatro años a partir de su rendición de protesta.

Polanco Bueno deberá cumplir la labor de prevenir, detectar y abatir todo acto de corrupción, así como el fortalecimiento de la transparencia en los servidores públicos, mediante los procesos administrativos que se establecen en el “Programa de Mejora de la Gestión Publica.

La experiencia del contador Gabriel Polanco fue determinante para ser seleccionado como titular, pues ha ejercido con anterioridad el cargo como Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, presidente del Colegio de Contadores Públicos de Quintana Roo y Secretario General al inicio de la presente Legislatura.

Por último, cabe recalcar que su labor al frente del Órgano Interno, será seguida y vigilada por el Congreso del Estado, a través de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos.

La Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, llevó a cabo las entrevistas de las más de 20 personas aspirantes a ocupar la titularidad del Órgano Interno de Control del Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) de donde se escogieron a tres finalistas con las posibles capacidades para ocupar el cargo.

El pasado miércoles 17 de marzo el Congreso del Estado definió a los finalistas que podrían ocupar la titularidad del Órgano Interno de Control IEQROO. De entre los más de veinte aspirantes solo tres fueron seleccionados como candidatos para el último filtro, entre los cuales se encuentra el nombre del conocido chetumaleño José Gabriel Polanco Bueno, quien cumple con los requisitos siendo una de las cartas fuertes para ocupar el cargo.

José Gabriel Polanco Bueno estudió en la facultad de contaduría de Yucatán para luego comenzar su trayectoria laboral trabajando en la contraloría de ese mismo Estado. Tiempo después ocupó el cargo como contralor de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO) Peninsular.

Tras su regreso a Chetumal, el contador Polanco Bueno fungió como contralor estatal de DICONSA en Quintana Roo.

En el gobierno de Mario Villanueva ocupó los cargos de subcontralor de gobierno; contador mayor de hacienda del congreso; tesorero general, oficial mayor y secretario de hacienda en el Estado.

También se destaca por su participación en los municipios de Solidaridad y Cozumel donde estuvo como oficial mayor y director de egresos. De igual manera tuvo una participación importante en la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA).

Ha desempeñado con anterioridad el cargo de Tesorero encargado de despacho de la Secretaría General del Congreso del Estado y ocupó la presidencia del Colegio de Contadores Públicos de Quintana Roo en el periodo 2018-2020.

El contador Gabriel Polanco cuenta con la capacidad y la trayectoria capaz de hacer palidecer al currículum más abultado, así como lo demostró en su reciente paso como secretario general del Congreso local, donde realizó un papel importante.

Sin duda alguna la elección del nuevo titular del Órgano Interno de Control IEQROO será una decisión importante y difícil que deberán tomar los legisladores midiendo las capacidades de cada uno de los finalistas.

Tras el anuncio de su salida del Partido Acción Nacional con el fin de buscar la presidencia municipal de Solidaridad, la diputada Cristina Torres Gómez confirmó este martes 16 de febrero, mediante una conferencia de prensa, su adición a la bancada de Morena en la XVI Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo.

Desde enero del 2020 la diputada comenzó a tener contacto con MORENA, luego de darse cuenta de que su anterior partido, el PAN, le cerraría las puertas a su candidatura. “Lo más importante es buscar un espacio donde me permitan laborar con ética, responsabilidad, con los principios que traemos como persona con la visión que se tiene para un municipio que requiere mucho compromiso y sobre todo unidad”, sostuvo la aun diputada plurinominal.

Al no ser afiliada a ningún partido político, Cristina Torres tuvo la oportunidad que ofrecen en estos momentos las instituciones políticas para contender como ciudadana e inscribirse en el próximo proceso electoral a celebrarse el 6 de junio, y arropada por los diputados del MORENA, PT Y PVEM, la diputada hizo el anuncio de su llegada a la coalición en conferencia de prensa luego de informar día antes que buscaría contender por la presidencia municipal de Solidaridad, pero no por el PAN.

Mediante la conferencia de prensa la diputada plurinominal renunció al grupo legislativo del PAN, en la XVI Legislatura local uniéndose a la bancada de Morena, en donde estuvo acompañada por los diputados Edgar Gasca, Erika Castillo, Tepy Gutiérrez, Linda Cobos, y Luis Fernando Chávez; y, además, los petistas Ana Pamplona, Hernán Villatoro y Roberto Erales; los verde ecologistas Tyara Schleske y José de la Peña, y el diputado del MAS, José Luis Guillén.

La incorporación de Cristina Torres ha sido nombrada por varios politólogos como una jugada maestra por parte del maestro del ajedrez político, Rafael Estrada Cano, Quién también funge como Secretario Técnico de la Presidencia del CEN de morena y representante propietario ante el Registro Nacional de Electores.

Lo que sin duda sentará las bases para un muy promisorio futuro para morena en el siguiente año electoral, donde se colocarán a un paso del triunfo para la gobernatura y consolidará una bancada por de más representativa en el Congreso.

De esta forma, el grupo legislativo del PAN en la XVI Legislatura pasará de cuatro a tres integrantes, siendo conformado por Lily Campos Miranda, Atenea Gómez Ricalde y Eduardo Martínez Arcila; y Morena nuevamente contará con nueve diputados y diputadas.

La electa diputada por Morena, Reyna Arelly Durán Ovando, anunció mediante un comunicado su separación de la bancada del partido en el Congreso de Quintana Roo el pasado miércoles 20 de enero.

De manera oficial, la diputada local y ex presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado de Quintana Roo (JUGOCOPO), presentó ante la Oficialía de Partes la notificación de su separación de la bancada de Morena en la actual Legislatura a partir de este miércoles.

La diputada indicó que su decisión es un acto de congruencia con sus principios personales y políticos, ya que muchas de las propuestas que enarbolan la Cuarta Transformación en Quintana Roo no se están cumpliendo.

“Me separo de la bancada de Morena porque no puedo mantener una postura pasiva ante las cosas que están pasando con las que no estoy de acuerdo, pues lo que hemos señalado durante muchos años ahora se han convertido en señalamientos hacia muchos personajes que fueron invitados y que hoy no nos representan” comentó Reyna Duran.

La legisladora comentó que otro de los motivos que la llevó a esta decisión es que en Quintana Roo se está violentando el Artículo 6 Bis de los estatutos internos de Morena, el cual establece que, “La trayectoria, los atributos éticos políticos y la antigüedad en la lucha por causas sociales (con relación a lo establecido en los incisos “a” al “h” del artículo antes mencionado) serán vinculantes y valorados para quien aspire a ser candidato a un cargo interno o de elección popular”.

Tras esto, la bancada de Morena en el Congreso del Estado se quedará con ocho diputados, en tanto Reyna Duran permanecerá como diputada sin partido, por lo que asegura que esto no demeritará su compromiso con el trabajo legislativo y sobre todo con los votantes que depositaron su confianza en ella.

Mediante una sesión extraordinaria el H. Congreso del Estado de Quintana Roo dio la autorización legislativa al decreto enviado por el gobernador Carlos Joaquín, para el desarrollo del Puente Vehicular Nichupté bajo el esquema de Asociación Público-Privada (APP).

La iniciativa fue estudiada y analizada previamente por los integrantes de las comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, y de Desarrollo Urbano Sustentable y Asuntos Metropolitanos.

De igual manera se contó con la participación de la secretaria Yohanet Torres Muñoz, el subsecretario Ricardo Sánchez, ambos de la Secretaría de Finanzas (SEFIPLAN), junto con el director de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado (AGEPRO) Eduardo Ortiz Jasso.

“El proyecto de acuerdo a la ley APP estatal requería únicamente el dictamen positivo de la Comisión de Hacienda, pero debido a la importancia del Proyecto, se solicitó también el de la Comisión de Desarrollo Urbano para contar con un análisis a detalle y una mayor certeza sobre el dictamen”, explicó Ortiz Jasso.

“Al obtener la aprobación de ambas comisiones, quedó respaldada la solidez y los beneficios transversales del proyecto para la población quintanarroense, mismos que se sustentan en la rigurosidad de los estudios, así como la valoración conjunta de diversos expertos”, agregó.

Con la autorización del pleno del Congreso, el siguiente paso es abrir el proceso a licitación pública internacional que permita realizar la contratación bajo las mejores condiciones de mercado para la construcción, así como para la correcta operación del proyecto y su mantenimiento por un período de 30 años.

Dicho proyecto será emblemático para Quintana Roo, pues cumple con los Principios del Desarrollo Sostenible, el Plan Estatal de Desarrollo y forma parte de la estrategia integral de movilidad urbana para la ciudad de Cancún.

El proyecto creará una nueva conexión de 8.6 kilómetros entre el centro de Cancún y la Zona Hotelera para producir un ahorro en tiempos y costos generalizados de viaje además de proveer una solución de evacuación de esta última en caso de emergencias y desastres.

Los legisladores de la XVI legislatura de Quintana Roo se encuentran a punto de votar por una nueva ley mordaza en las próximas horas. De ser aprobada dicha ley implicaría que a los periodistas y ciudadanos los cuales documenten lo sucedido en escenas criminales sean encarcelados por el solo hecho de informar, pues dicha ley abre la puerta a muchas ambigüedades.

La ley propuesta por los legisladores quintanarroenses busca criminalizar el ejercicio periodístico creando un nuevo delito en el Código Penal del Estado de Quintana Roo, bajo la figura del Artículo 250-Ter, la cual señala que:

“Al que indebidamente difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, audio grabe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios, videos o documentos del lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con el procedimiento penal o productos relacionados con un hecho que la Ley señala como delito, se le impondrá prisión de dos a ocho años y multa de quinientas a mil unidades de medida y actualización”.

Según el proyecto que ha pasado al pleno cameral, la pena de cárcel incrementará si en la escena del crimen captada por la lente de los reporteros o civiles las víctimas hayan sido mujeres o infantes.

Dicha ley pretende acotar una garantía constitucional, pues constituye a un retroceso de la libertad de expresión y supone un nuevo instrumento de censura de acuerdo a diversos tratados nacionales e internacionales, poniendo en riesgo el trabajo de reporteros, activistas y defensores de los Derechos Humanos que puedan resultar incómodos para el gobierno.

Esta no es la única ocasión que políticos y funcionarios públicos intentan construir un instrumento de censura en México. Tan solo en el 2020, los congresos de cinco entidades federativas procesaron iniciativas similares.

La Ciudad de México, Jalisco, Puebla y Querétaro exploraron mecanismos de censura muy parecidos entre sí del 4 de marzo y el 20 de junio a través de los cuales se pretendió sancionar con penas de tres y hasta ocho años de cárcel el derecho a informar sobre un crimen.

Actualmente existe una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo el expediente 191/2020 que fue omitida en las consideraciones de los proyectos de decreto en el Estado.

La diputada Lili Campos presentó nuevamente un documento ante el Congreso del Estado, para que se autorice la creación de una Comisión Transitoria de Investigación y analizar el uso y aplicación de los recursos erogados por el Ayuntamiento de Solidaridad en este proyecto.

“Los solidarenses piden que los diputados investiguen la desastrosa obra que se lleva a cabo en la Quinta Avenida de Solidaridad”, así lo dio a conocer la diputada.

“Una vez más, solicite a mis compañeros diputados que atiendan las necesidades de los ciudadanos de Solidaridad. Llevan meses denunciando en todos lados y ante todas las instancias posibles, que se solucione de una vez por todas la indignante obra de la Quinta Avenida de Solidaridad”, señaló.

Además de presentar las 10 mil 123 firmas ciudadanas, la diputada Lili Campos incluyó el documento en el cual los líderes de las diferentes cámaras empresariales de Playa del Carmen, solicitan al Ayuntamiento de Solidaridad, informar sobre la fecha de terminación de la Remodelación de esta importante vialidad.

Para resolver esta problemática indicó que se deben tomar acciones para transparentar el uso de recursos públicos y requerir al gobierno municipal una fecha a corto plazo para la conclusión de la obra en mención y un plan de reactivación económica para esta zona.

“No solo es un tema de corrupción; hoy es un grave problema social, es un lastre que ha hecho tocar fondo a miles de familias que vivían de los comercios y que hoy ya cerraron sus empresas”.

Este martes 17 de noviembre miembros del Consejo de Participación Ciudadana de Chetumal presentaron ante la Oficialía de Partes del Congreso del Estado una iniciativa para que se establezca una residencia mínima de 10 años para las personas que ocupen cargos de primer nivel en la administración pública estatal.

La iniciativa no va contra nadie en particular, ya que lo único que pretenden es que quienes ocupen los cargos públicos conozcan el estado, sus raíces y costumbres.

“Estamos buscando que los funcionarios públicos de mayor nivel tengan más de 10 años de vivir en el estado, para que tengamos la garantía que conozcan nuestros problemas y no se improvisen las cosas”, señaló Eusebio Azueta Villanueva, conocido empresario chetumaleño.

El presidente del Consejo mencionó la falta de trabajo de los actuales funcionarios y los pocos resultados que se ven, detalló que entre los problemas que presenta la capital del estado se encuentra la falta de alumbrado público, mal estado de las banquetas y basura en las calles.