La Universidad de Quintana Roo está en la mira luego de que la Auditoría Superior de la Federación detectara el gasto irregular de 41 millones de pesos provenientes de recursos federales que les fueron trasferidos en el 2019 como parte del programa de Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales de aquel año.

Estos recursos corresponden al rubro de servicios personales y de acuerdo al informe entregado al Congreso de la Unión, la institución encabezada por Francisco López Mena, no realizó una gestión transparente de los recursos del programa, además de que no cumplió con sus objetivos y metas.

ASF determinó 16 resultados de los cuales cinco recibieron pliegos de observaciones por probables daños a la hacienda pública federal; el monto más alto apunta a pagos que realizó la Universidad de Quintana Roo a 824 trabajadores bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios.

En segunda instancia, se le apunta por no reintegrar a la Tesorería de la Federación los recursos prestados que no han sido pagados al 31 de marzo de 2020.

También se le acusa de pagar prestaciones que no están relacionadas con el salario que corresponden al concepto de nómina no considerados en el convenio UQROO-federación; el recurso no justificado asciende los 13 mdp.

La Auditoría igual destacó el pago a tres trabajadores de los cuales no se justificó con documentación que acrediten el perfil de puesto, a esto se suma el pago de sueldos a 423 trabajadores que no se ajustaron al tabulador autorizado por el Consejo Universitario.