Mediante las encuestas realizadas por la empresa Campaigns & Elections Research sobre las preferencias electorales rumbo a la elección del 2021 en el municipio de Benito Juárez, se ha dado a conocer que la candidata de Morena y actual presidenta de Cancún, Mara Lezama, lidera las listas de aprobación ciudadana.

Mediante la pregunta “¿Si hoy fueran las elecciones para la Presidencia Municipal en la ciudad de Cancún por quién votaría?”, Mara Lezama obtuvo un 40% de la aprobación, seguida por el candidato de la coalición del PAN-PRD, Jesús Pool Moo con un 21%; Jorge Rodríguez Méndez del PRI con un 14%; Antonio Cervantes de Movimiento Ciudadano con el 6%; Guadalupe Alcocer del PES con el 2% y Carlos ‘Waso’ Balmaceda del RSP con el 1%.

Mediante la pregunta “¿Quién cree usted que ganará la elección?”, el 73% de los encuestados respondió a favor de Mara Lezama, seguida de Jesús Pool Moo con el 16% y Jorge Rodríguez Méndez con el 11%.

La metodología que utilizó Campaigns & Elections Research para este Flash Poll contempló 300 llamadas telefónicas realizadas al azar en la ciudad de Cancún.

El miércoles 2 de diciembre la cámara de diputados aprobó la reforma al Código Penal federal que permitirá añadir multas y castigos de hasta 15 años de prisión para aquellos que, durante emergencias sanitarias, como una pandemia, o desastres naturales eleven sin justificación los precios de productos de primera necesidad.

La reforma incluye, entre otros, productos de primera necesidad, como aquellos de higiene personal y medicamentos e insumos médicos, vendidos a costos excesivos durante pandemias como la de COVID-19 o desastres naturales.

El Pleno en San Lázaro aprobó los cambios a la ley de forma unánime, con 465 votos a favor, para añadir el artículo 254 Quáter al Código Penal Federal, donde se prevé “aumentar hasta una mitad en su mínimo y máximo la pena que corresponda” a una serie de acciones durante este tipo de emergencias.

Las sanciones y castigos para quienes aumenten precios irán desde los cuatro años y medio de cárcel hasta los 15 años. Además, las multas serán desde 300 hasta 1,500 días.

El aumento injustificado elevará las penas “en el contexto de la amenaza, inminencia ocurrencia de una situación de desastre natural, riesgo sanitario o cualquier otra circunstancia catastrófica que altere de forma grave el orden público durante un tiempo determinado”.

El dictamen fue enviado al Senado para su discusión y posterior mente su aprobación.