Durante una conferencia de prensa, representantes de Cámaras empresariales, Asociados Civiles, Comisariados Ejidales entre otras personas, mostraron su inconformidad con que la Laguna de Bacalar se convierta en un Área Natural Protegida (ANP).

Gracias al eslogan “En el sur de Quintana Roo el compromiso es por el Desarrollo Sustentable” los empresarios se excusan para poder seguir laborando como de costumbre, rechazando drásticamente la propuesta de convertirse en una ANP.

“Nuestra propuesta es muy clara: pugnaremos por un modelo de desarrollo turístico diversificado, exclusivo, acorde con la naturaleza y soportado por estudios de impacto ambiental realizados por profesionales locales. Desde este momento llamamos a los candidatos a presidentes municipal de Bacalar y Othón P. Blanco a que se comprometan a una agenda de acciones conjuntas en el ordenamiento territorial y ambiental”, expresó Eloy Quintal, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.

También acusó a los ambientalistas que andan satanizando la laguna en redes sociales por la falta de los 7 colores, dicho esto afirma que la ocupación hotelera en Bacalar y Chetumal fue severamente afectada por dichas imágenes.

Asegura que los colores de la laguna están volviendo debido a que en esta época del año los sedimentos que habían llegado a la laguna “provienen de la cuenca alta, desde las montañas de Campeche, por lo que es evidente que lo que se requiere es normar las actividades agropecuarias, promover y apoyar la adopción de un modelo de producción más sustentable en el medio rural e impulsar un programa de reforestación que sirva como una línea verde que detenga los escurrimientos en tiempos de lluvias intensas, como las que se registraron el año pasado” señaló.

Greenpeace México y el centro de diversidad biológica, con el apoyo de 20 comunidades mayas, solicitaron a la Procuraduría Federal para la Protección al Ambiente (PROFEPA), a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), establecer moratorias ya que consideran que la expansión de esta actividad industrial ha degradado el agua, el suelo y el aire en la península.

Esta solicitud tiene como objetivo que el Gobierno Federal pause los permisos para la creación de nuevas granjas y la expansión de las que ya existen, hasta que se realicen los estudios que puedan evaluar la capacidad de carga del sistema ambiental en los Estado.

Es importante destacar que Grupo KUO, a través de Kekén, tendrá una inversión de 2 mil millones de pesos para la reconstrucción de la planta procesadora en la comunidad de Sahé, Yucatán, con la que se esperan generar dos mil empleos directos y cerca de siete mil indirectos.

“La ganadería industrial es una forma intensiva de agricultura animal que prioriza las ganancias por encima de todo lo demás”, aseguró la Dra. Justine Butler, investigadora principal del grupo Viva Health, agrupación de científicos vegana.