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¡Justicia! por reconstrucción

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Por: Normando Medina

Si el reglamento de construcciones de la Ciudad de México está considerado uno de los mejores del mundo, ¿porqué colapsaron tantos edificios? esta interrogante debe ser respondida por las autoridades de manera clara e inobjetable y actuar en consecuencia para que, si corresponde, los responsables asuman su responsabilidad penal y civil.

Uno de los slogan de la Unicef establece que “cuando un niño muere, una estrella se apaga en el cielo”. Lo normal es que vivan hasta desarrollar su ciclo completo, ¿cuántas de esas maravillosas estrellas se apagaron por negligencia en la tragedia de los sismos consecutivos que afectaron a Chiapas, Oaxaca, Puebla, Morelos, Estado de México y Ciudad de México? Si bien, la prioridad es la reconstrucción y devolverle algo de esperanza a quienes perdieron familiares, casa y trabajo, de ninguna manera debe haber perdón, ni olvido para los responsables de las muertes que pudieron evitarse. La negligencia, corrupción, discrecionalidad en la aplicación de leyes y reglamentos necesariamente tienen nombre y apellido.

No se trata de especular, ni de linchar públicamente a nadie. Se trata de un ejercicio democrático en el que los mexicanos exijamos que no prevalezca la impunidad una vez más. Es necesaria una investigación profunda con la participación de especialistas de la sociedad civil junto con las autoridades para que, ahora sí, los responsables respondan por sus actos y, eso quede como ejemplo y se minimice la posibilidad de que vuelva a ocurrir.

En Ciudad de México habían edificios con fallas estructurales antes del sismo del 19 del 2017. Algunos eran centros de trabajo. Otros, condominios y otros más escuelas. Algunos incluso, se construyeron con usos de suelo que ameritan una revisión o tenían modificaciones y ampliaciones irregulares que igual deben ser revisadas a profundidad. Sin lugar a dudas la pérdida de vidas humanas y el drama humano de quienes quedaron sin casa es lo más doloroso de la tragedia. Sin embargo, también merecen especial atención los edificios históricos, muchas iglesias entre ellos, que significan una enorme pérdida del patrimonio histórico y cultural de todos los mexicanos. La restauración implica también una labor titánica que no debe ser soslayada.

La generación de los millennials mexicanos, forjada en la competencia y castigada desde antes de nacer por el despilfarro y corrupción de las generaciones que los antecedieron y que prácticamente los condena anticipadamente a una vejez sin retiro digno, arrojados al mar de incertidumbre e inseguridad laboral y social. Sujetos a la ambición enajenante de medios de comunicación que no dejan lugar para la educación, cultura y valores. En la tragedia de los terremotos mostraron el más bello rostro humano, el de la SOLIDARIDAD CON MAYÚSCULAS. Mujeres y hombres jóvenes, con su vitalidad a flor de piel y humanismo deslumbrante tendiendo la mano a sus semejantes, sin escatimar nada. Aún a riesgo de su propia vida dejaron claro que nadie, absolutamente nadie, puede robarles la esperanza y que nadie lo dude, serán fundamentales para el rumbo que tome el país en el 2018.

Los partidos políticos, órganos electorales estatales y federales representan un enorme gasto para el país. En la actualidad tanto esos órganos electorales como los partidos políticos viven una profunda crisis de credibilidad. La ciudadanía los ve con desconfianza e incluso con desprecio. Sin embargo, esa no es razón para que de manera apresurada se decida suprimir el financiamiento público de los partidos políticos.

Es necesaria una reflexión más profunda y cuidadosa para evitar consecuencias funestas de algo que parece contar con la aprobación popular. En definitiva, los alrededor de 12 mil millones de pesos que recibirían en 2018 los partidos políticos y los más de 22 mil millones de pesos que ejercerá el mismo año el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) son demasiados y deben ser reducidos, mediante una fórmula justa que no dé ventaja a nadie.

También deben crearse mecanismos eficientes que impidan el financiamiento privado y del crimen organizado a las campañas políticas, ya que crea vínculos y compromisos de corrupción e impunidad. Suficientemente documentados están los casos de OHL y de Odebrecht por mencionar dos emblemáticos. Es urgente la verdadera ciudadanización de los órganos electorales federales y estatales que vayan más allá de la defensa de los intereses de los titulares del poder ejecutivo. Se deben tomar medidas eficientes para incentivar el voto y no limitarse a campañas de difusión onerosas y poco efectivas. Esto implica una revisión seria de seguir realizando votaciones los domingos que son de asueto y en muchos casos se destinan para prácticas religiosas o relacionadas con la idiosincrasia. En algunos países las votaciones son en días hábiles y quienes acuden a votar reciben el permiso de sus centros de trabajo para cumplir con esa obligación ciudadana. Es un tema complejo que merece análisis profundos y participación ciudadana y de especialistas.

Le llovió sobre mojado al ex gobernador de Quintana Roo y actual senador, Félix González, quien junto con un grupo de sus homólogos, el día del terremoto acudió por la noche a cenar festivamente en un lujoso restaurante argentino de Polanco. El portal lapoliticaonline.com.mx publicó el 20 de septiembre una nota titulada Gamboa muy molesto con los senadores del PRI que en plena tragedia cenaban en Polanco. La información detalló que “el jefe de la bancada priísta se indignó y cuestionó fuerte al organizador de la comida, el senador Félix González Canto”. De acuerdo con la misma información Gamboa le habría dicho que él y su grupo “estaban fuera de la realidad”. El mismo hecho fue publicado también en la columna política Templo Mayor de Fray Bartolomé. El también ex gobernador Roberto Borge, dice estar en huelga de hambre para atraer más reflectores. Por si faltaba algo.

¡Hasta la próxima!

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INÉDITO, SE PUEDE OBTENER UNA LICENCIATURA CON MATERIAS REPROBADAS

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INÉDITO, SE PUEDE OBTENER UNA LICENCIATURA CON MATERIAS REPROBADAS

Francisco J. Rosado May
fjrmay@hotmail.com

El 15 de octubre, día del 168 aniversario de la fundación de Noh Cah Santa Cruz, hoy Felipe Carrillo Puerto, un periódico de circulación regional publicó el resultado de una encuesta que hizo la UQRoo. La nota resaltó que la gran mayoría de la población considera que la calidad educativa es o baja o muy baja. Y esa no es una buena noticia, mucho menos cuando se lee en el contexto de educación que recibe la población indígena o en el contexto de una economía globalizada donde la competitividad es importante.

La percepción que la población tiene sobre la educación no es ocurrencia, tiene sus bases. Gobierno, directivos de instituciones de educación, estudiantes, padres de familia y sociedad en general debemos reconocer, cada uno en su justa dimensión en la que unos son mas responsables que otros, que nuestras acciones y decisiones contribuyen a generar esa percepción.

Recientemente los medios de comunicación han reportado conflictos de diferentes tipos en instituciones educativas. ¿Qué está pasando? ¿Qué hacen las autoridades de gobierno responsables de que la educación en el estado, en todos los niveles, sea de la calidad que demanda el desarrollo actual?

En esta ocasión me permito ser la voz de varios integrantes de la comunidad UIMQRoo, quienes nos sorprendimos al ver un documento, pegado en una puerta de una oficina, firmada por el rector, publicado en la tarde del 19 de octubre. El documento se llama “ACUERDO POR EL CUAL LA UIMQROO ELIMINA TODA SIGNATURA OPTATIVA O CURRICULAR, APROBATORIA O NO, A SOLICITUD DEL ESTUDIANTE O TUTOR POR TENER COMPLETOS LOS CRÉDITOS QUE EXIGE EL PROGRAMA EDUCATIVO VIGENTE” Si usted, estimado lector/a, tuvo una reacción de ¿whattt?, o ¿Qué onda?, o ¿Ba’ax ku yuuchul?, no está solo/a, el nombre del acuerdo da una percepción de enorme sorpresa.

Junto con la pregunta ¿qué está pasando?, y un ¡no lo puedo creer!, están otras preguntas. ¿Qué quiere decir este acuerdo? ¿Es legal? Un profesor se pregunta ¿para que esforzarme en preparar un curso y ser transparente en la evaluación de este, si el estudiante o su tutor podrían eliminarlo de su historial? Con este “acuerdo” los estudiantes podrían eliminar cursos difíciles pero obligatorios de su formación, no necesitan aprobarlos. Con este “acuerdo” a ver que comité de los CIEES va a aceptarlo. Con este “acuerdo” se pone en entredicho la calidad de la formación de los estudiantes y todos van a salir perdiendo ante los ojos de los empleadores. ¡Y eso no es justo para la gran mayoría de estudiantes de la UIMQRoo que sí están interesados en tener una formación de alta calidad!

Para colmo, en el texto del “acuerdo” se señala que “…..la asignatura (reprobada) debe ser eliminada del cardex del alumno, a solicitud verbal o por escrito del estudiante o de su tutor” Material para corrupción e impunidad. No hay rendición de cuentas.

Si esta medida es muy, pero muy grave e ilegal, ilógica incongruente con la calidad educativa, etc., imagínense a este rector en una universidad donde hay una carrera de medicina ¿Quién se va a poner en manos de ese médico que reprobó anatomía o farmacia o química o fisiología o posología, pero que se tituló y estáejerciendo? ¡Ese médico tiene la obligación de decirnos si aprobó, como lo hizo y cuanto alcanzó de calificación!

En la UIMQROO no hay medicina, pero no por que los egresados de cada carrera no tendrán personas humanas como pacientes, ¡no quiere decir que no deben tener formación sólida para garantizar que pueden hacer bien su trabajo! ¿Qué pasa si un agroecólogo reprobó suelos? ¿O uno de gestión Municipal reprobó derechos humanos, o uno de salud comunitaria reprobó el curso de botánica de plantas medicinales, o uno de tecnologías de información reprobó programación? ¿Cuál es la certidumbre que deben tener los empleadores o usuarios de los servicios que preste ese profesionista titulado gracias a ese “acuerdo”?

¿Con quien hizo el “acuerdo” ese rector? No creo que haya sido con alguna autoridad conocedora de leyes y de moral, ni estatal ni federal. Por tal motivo las autoridades de ambos niveles, ahora que ya saben del caso, deben tomar las medidas consecuentes. Ya imagino el gran conflicto que tendría el personal administrativo que debe eliminar las materias reprobadas del cardex del estudiante; por supuesto, del personal con altos valores éticos y morales. Conflicto personal y laboral en contra del rector, ¿es justo? Ya me imagino aquel estudiante o profesor sin los valores que van con el cargo, solicitando que un estudiante con alguna asignatura reprobada pueda titularse. ¿Qué calidad de titulación o de trabajo de titulación están haciendo esos profesores y estudiantes que piden borrar huella de incumplimiento?

El tema da para mas, por ahora se queda como está. Ojalá se detenga este atentado en contra de la calidad educativa. ¿Por qué está sucediendo en una institución con alta población de estudiantes indígenas? La situación demanda una investigación exhaustiva y medidas correspondientes. Yo si quiero saber quien de los estudiantes que reprobó una o varias asignaturas pudo titularse. Yo si quiero saber que profesor o profesora solicitó que se elimine una materia reprobada de algún estudiante. Yo si quiero saber que profesores y personal administrativo no se prestó a violentar los reglamentos internos y la legislación federal en materia de educación y profesiones. ¿Por qué crear mas problemas que los que ya tiene este rector y que son del dominio público? ¿Quién lo sostiene?

No seré cómplice de mala calidad en la educación superior.

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*A BUEN PUERTO, CONTRA VIENTO Y MAREA*

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UNA LECCIÓN A RECORDAR (y II)

Por RUSSEll CERÓN GRAJALES

Producto de la crisis global iniciada en 2008, la economía mexicana supo encajar un golpe implacable: la caída estrepitosa de -6.5 % del PIB en el ciclo anual 2009.

No obstante, y por fortuna, el nivel de empleo no disminuyó en proporción directa con la gravosa y truculenta cifra. En buena medida, debido a que grandes empresas tomaron providencias alternas a las del esperado recorte laboral: es decir, la acordada disminución de las jornadas y la solidaria y aceptada merma en las percepciones y prestaciones de los trabajadores. Replanteamientos que, en su provisionalidad, favoreció el sostenimiento y conservación de la planta productiva y de los puestos de trabajo.

Asumido el impacto, la general inquietud mexicana tenía que ver con la suerte y expectativas de nuestro entorno económico ante un balbuceante e incierto 2010.

De suerte que, si las estimaciones privadas y gubernamentales de crecimiento para 2010 oscilaban en una resultante que gravitaba entre el 2 y el 5 % del PIB, y se ponderaban en un promedio de 3 %, pudo finalmente arribarse a un positivo 5.5 %.

De tal magnitud fue la respuesta a la propagación mediática de una idea falaz, insistente e interesada, que pregonaba que la crisis financiera y económica 2008-2009, había sido para México la más grave desde la década de los 70. Lo que a todas luces queda más que desvirtuada, si nos allanamos a la comparativa de los indicadores contextuales de la macroeconomía nacional.

Porque más allá de sus orígenes y extensivas manifestaciones, tanto la inflación, el tipo de cambio peso-dólar, el déficit público, el déficit exterior, y los niveles de deuda pública, se mantuvieron bajo disciplinado y riguroso control, sin sacrificio de la plataforma de estabilidad. Lo que no puede decirse de aquéllas funestas cuatro décadas, portadoras de variables de un desorden y descontrol francamente irresponsables, ruinosos, inauditos.

Un tramposo artilugio sembrado por oscuros adversarios, con oportunistas pretensiones de incidir en la extensión de un inflamado ánimo de fracaso, que predispusiere a una bien calculada reconquista del poder político recién perdido.

México, un país que de responsabilidad hacendaria supo muy poco durante tanto tiempo, se mantuvo vertical, y en escena, merced a su prudencial y diligente administración económica.

Fue en este marco, y precisamente en la edición 2009 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Jalisco, que un laureado Mario Vargas Llosa apeló al mayor peso político, económico y cultural de nuestro país, al afirmar públicamente que México, y no Brasil, tendría que ser el indiscutido país líder de América Latina, en razón de contar con mayores y más diversificados recursos, y de ser, real y potencialmente, más rico.

Es así. Y quien lo sabe, lo sabe.

Pero sólo aquí no quiere entenderse. Ni creerse.

Porque no sabiendo perder, tampoco se sabe ganar.

Quintana Roo, México, octubre de 2018.
russellceron@hotmail.com

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Las condiciones que gestaron el perímetro y la zona libre en la entidad quintanarroense y su restauración en Chetumal.

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Por Primitivo Alonso Alcocer

En los albores de los años treinta, del siglo próximo pasado, comenzó un significativo despoblamiento de la antigua Payo 0bispo capital del entonces territorio federal de Quintana Roo, por el impacto de la recesión económica que agobiaba a la nación y que hizo crisis en 1931 con la devaluación del peso mexicano a tres por dólar y hundiendo al país en un marasmo de confusión por el acelerado crecimiento del precio de los insumos y el estancamiento de la planta productiva. Para colmo de males, un fuerte temblor sacudió a la naciente capital caribeña y algunos agoreros del desastre, aprovechando la ocasión, pronosticaron mayores males para la geografía más oriental de la república mexicana.

Fue cuando el territorio federal fue arbitrariamente dividido en dos porciones geográficas correspondiendo la parte sur al estado de Campeche en tanto que la zona norte estaría bajo la egida del estado de Yucatán. El pueril argumento del presidente Pascual Ortiz Rubio en el sentido que la extinción jurídica del territorio era conveniente para las arcas nacionales pues significaba un ahorro de 48,000 pesos anuales por concepto de subsidio, era un contrasentido de carácter histórico. Nunca examinó que nada más por concepto de alcabalas por nuestra riqueza forestal el territorio era más que autosuficiente.

Pasó por alto las delicadas circunstancias que gravitaron alrededor del nacimiento del territorio federal víctima del acecho constante de la pérfida Albión, desde territorios beliceños, y su avance inevitable hacia territorios nacionales de no poner un coto disuasivo a su expansionismo regional. Este evento histórico también sirvió para terminar con la guerra social entre los dzules y gran parte del pueblo maya, erróneamente llamada guerra de castas, que ensangrentó a la región durante más de medio siglo cediendo una gran porción del centro del territorio al último reducto de los combatientes mayas asentados en Chan Santa Cruz, hoy Felipe Carrillo Puerto.

Para 1934 la novel capital caribeña estaba económicamente extenuada; el gobierno campechano había cancelado las oportunidades tanto políticas como administrativas a los locales en tanto que las alcabalas correspondientes al impuesto federal por la explotación de la madera preciosa y la resina del chicozapote, se destinaban a las arcas del vecino estado. Se había reducido significativamente el comercio con Belice y un gran número de pobladores sobrevivía de la cosecha de frutas y legumbres que sembraban en sus respectivas parcelas además de la cacería incipiente. Familias enteras comenzaron a emigrar a territorio beliceño y yucateco y algunos más a distintas ciudades de la república o de Centroamérica. No había mayores oportunidades, pocas fuentes de trabajo, el precio de los alimentos crecía constantemente y la población no estaba satisfecha con su nuevo estatus jurídico y por ello abandonaban la ciudad por un tiempo dispuestos a regresar cuando hubiera oportunidades y el hambre nos los atormentara.

Así lo hicieron. Parecía que la pequeña ciudad estaba destinada a convertirse en un pueblo fantasma y, de no ser por la Flotilla del Sur y los soldados de la Guarnición de la Plaza y las recias familias fundadoras, hubiera dado la impresión de un polvoso pueblo de madera abandonado a su suerte. Por su posición geo estratégica no convenía al gobierno federal que la capital del recién creado territorio quedara en el abandono o en las más precarias de las condiciones. Fue en 1934 cuando el gobierno de la republica toma el toro por los cuernos creando la Comisión Intersecretarial compuesta por las secretarías de Estado que mayormente incidieran en el problema, delicada responsabilidad que presidiría el C. Ulises Irigoyen, representante del Secretario de Hacienda, comisión que visitaría indistintamente a Payo Obispo y Cozumel, las entidades más importantes del desvanecido territorio federal. Cozumel que también pasaba las de Caín aunque en menor grado por su flota de cabotaje y que al igual que isla Mujeres y Holbox no fue anexado a la geografía del estado de Yucatán en razón que el texto constitucional remitía la tutela institucional de las islas mexicanas al gobierno de la República, aunque la administración yucateca no quitaba el dedo del renglón. Desde la creación del territorio federal en 1902, fue el único lapso en que las islas se despegaron jurídica y políticamente del territorio federal actuando con cierta autonomía.

Sin embargo, la federación consideró a la Isla de las Golondrinas en la agenda de la comisión intersecretarial y sería el primer punto de trabajo que visitaría el funcionario federal escuchando al vocero del pueblo cozumeleño, el Profesor Federico Bolio Yenro, quien sesgando la situación económica se plantó para manifestar la indisposición del pueblo cozumeleño para ser anexado al estado de Yucatán. Irigoyen sorprendido le manifestó que solo podía ser un correo para que supiera su sentir el presidente de la Republica dado que su encomienda era de otra naturaleza. Lo mismo sucedió cuando llegó la Comisión a Payo Obispo, los pobladores pusieron en un segundo lugar la situación económica y recibieron al alto comisionado con pancartas en donde se condenaba la arbitraria división del territorio federal entre los estados de Yucatán y Campeche. Los jóvenes Pedro Pérez Garrido y Primitivo Alonso Marín fueron los voceros del Comité Pro Territorio además de otros ciudadanos que hicieron uso de la palabra. Ulises Irigoyen no salía de su perplejidad; supuso que encontraría a un pueblo desgastado por la penuria económica y encontró a una ciudadanía resuelta que haciendo a un lado el hambre y la necesidad prefirió exigir su derecho a seguir subsistiendo como territorio federal, resistiendo la escasez de alimentos, que seguir en calidad de ciudadanos de tercera. Así se lo hicieron saber al presidente de la Comisión Intersecretarial que no salía de su asombro y apenas pudo balbucear “que aunque no era su cometido trasmitiría la solicitud del pueblo al Sr. Presidente de la Republica”. Había que hacer notar algo muy importante: formaba parte de la Comisión por el Sector Salud el Dr. Enrique Barocio Barrios, líder moral del pueblo Payo Obíspense y de ahí puso haber partido alguna señal para que se organizaran. Poco después tanto Payo Obispo como Cozumel habrían de tener el beneficio de ser declarados perímetros libres por el gobierno federal lo que propició que se incentivara la actividad comercial hasta que en la víspera de la conversión de Quintana Roo en Estado Libre y Soberano, se declararía zona libre abarcando a todo el territorio federal.

Corría el año de 1972. Este régimen de excepción fue planteado para la capitalización de la iniciativa privada con un propósito de reinversión en proyectos productivos que coadyuvaran en la dinamización de la economía local lo que desafortunadamente no sucedió, salvo algunos empresario que invirtieron en Cancún, y, no obstante que don Javier Rojo Gómez se los ofrecía en charola de plata, encontró un mínimo eco su propuesta. La llegada del Tratado de Libre Comercio trituraría a la zona libre además que el gobierno de la Republica, observado los exiguos resultados en tratándose de una palanca para el desarrollo, dio por cancelada esta prerrogativa iniciando el declive de Chetumal al no contar con un dínamo supletorio además de la apatía de algunos desgobiernos. Ahora que el presidente electo Manuel López Obrador, entre otros beneficios, ofrece la restauración del perímetro libre en exclusividad para Chetumal para ayudarlo a salir de su postración económica, no dudo que el comercio organizado y otros particulares tendrían un motor encendido para coadyuvar con el desarrollo de esta franja fronteriza generando, así mismo, iniciativas rentables susceptibles de llevarse a cabo de acuerdo a la cuantía de sus ganancias, además de reglas claras para evitar la competencia desleal o improductiva. No hay que olvidar que México se convirtió en una gran zona libre por los efectos del TLC. Sin embargo, como dicen en el bajío, “algo habrá quedado”. Los errores del pasado deben ser irrepetibles porque se corre la posibilidad de una cancelación definitiva y entonces, ¿a quién encenderemos la próxima veladora?

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