Los legisladores de la XVI legislatura de Quintana Roo se encuentran a punto de votar por una nueva ley mordaza en las próximas horas. De ser aprobada dicha ley implicaría que a los periodistas y ciudadanos los cuales documenten lo sucedido en escenas criminales sean encarcelados por el solo hecho de informar, pues dicha ley abre la puerta a muchas ambigüedades.

La ley propuesta por los legisladores quintanarroenses busca criminalizar el ejercicio periodístico creando un nuevo delito en el Código Penal del Estado de Quintana Roo, bajo la figura del Artículo 250-Ter, la cual señala que:

“Al que indebidamente difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, audio grabe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios, videos o documentos del lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con el procedimiento penal o productos relacionados con un hecho que la Ley señala como delito, se le impondrá prisión de dos a ocho años y multa de quinientas a mil unidades de medida y actualización”.

Según el proyecto que ha pasado al pleno cameral, la pena de cárcel incrementará si en la escena del crimen captada por la lente de los reporteros o civiles las víctimas hayan sido mujeres o infantes.

Dicha ley pretende acotar una garantía constitucional, pues constituye a un retroceso de la libertad de expresión y supone un nuevo instrumento de censura de acuerdo a diversos tratados nacionales e internacionales, poniendo en riesgo el trabajo de reporteros, activistas y defensores de los Derechos Humanos que puedan resultar incómodos para el gobierno.

Esta no es la única ocasión que políticos y funcionarios públicos intentan construir un instrumento de censura en México. Tan solo en el 2020, los congresos de cinco entidades federativas procesaron iniciativas similares.

La Ciudad de México, Jalisco, Puebla y Querétaro exploraron mecanismos de censura muy parecidos entre sí del 4 de marzo y el 20 de junio a través de los cuales se pretendió sancionar con penas de tres y hasta ocho años de cárcel el derecho a informar sobre un crimen.

Actualmente existe una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo el expediente 191/2020 que fue omitida en las consideraciones de los proyectos de decreto en el Estado.

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